San Salvador, 29 mar (EFE).- La Fiscalía de El Salvador investiga penalmente al expresidente Mauricio Funes por el posible enriquecimiento ilícito de más de 728.000 dólares durante su mandato (2009-2014), el primero del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), informó hoy una fuente oficial.
"Este incremento (del patrimonio) es no justificado" y "existe una investigación en este momento, ya está la investigación en el ámbito penal", reveló el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, en rueda de prensa.
El ente fiscal presentó este martes una demanda civil contra Funes, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y su exesposa Vanda Pignato, actual Secretaria de Inclusión Social del Gobierno, como parte de un proceso ordenado por el Supremo a inicios de febrero recién pasado.
Según Amaya, la cantidad de 728.329,74 dólares que Funes no ha podido justificar "puede aumentar cuando se practique la pericia en sede judicial" y añadió que en la demanda se incluyó al hijo y exesposa porque estaban incluidos en la declaración patrimonial del exmandatario.
"Todo el incremento no justificado hasta este momento se ha mantenido. No hay justificación que nos lleve a establecer que ese incremento sea producto lícito", señaló.
La Fiscalía pidió a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del centro del país que Funes sea inhabilitado para ejercer un cargo público por 10 años y que los bienes en controversia sean expropiados por el Estado, apuntó Amaya.
La Cámara cuenta con un período de entre 10 y 15 días hábiles para analizar la demanda y si esta no tiene observaciones se procederá a notificar a los demandados para que en un lapso de 20 días presenten su defensa.
Mauricio Funes, de 56 años y periodista, fue el primer presidente que gobernó El Salvador bajo la bandera del ex grupo guerrillero FMLN desde que esta organización dejó las armas y entró en la vida política en 1992, y el actual presidente, Salvador Sánchez Céren, fungió como su vicepresidente.
El pasado mes de febrero, cuando se anunció la apertura del proceso civil, Funes lo calificó como "una clara 'vendetta' política a la que se están prestando algunos magistrados de la Corte Suprema por las denuncias de corrupción que siendo presidente de la República se promovieron en contra de exadministraciones".
El exmandatario también fue citado el pasado 3 de febrero a testificar ante la Fiscalía por las supuestas negociaciones que su Gobierno entabló con las principales pandillas para reducir los homicidios en 2012.