Guatemala, 10 may (EFE).- El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidieron hoy un antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Vladimir Aguilar, quien era procurador general cuando se firmó un contrato con la empresa TCQ, eje de una trama de corrupción.

La Fiscalía arguye, para solicitar el antejuicio ante el Centro Administrativo de Gestión Penal del Organismo Judicial, que el ahora exprocurador pudo incurrir en los delitos de “tráfico de influencias, concusión y resoluciones violatorias a la Constitución”.

Según la investigación, el magistrado mantuvo “una serie de diálogos y encuentros” con personas del Gobierno, de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y de TCQ con el fin de, en su calidad de abogado del Estado, emitir “una opinión favorable a la legalidad del contrato de usufructo oneroso”.

La pasada semana la Fiscalía ya dio trámite a otra solicitud tras la denuncia presentada por el partido Encuentro por Guatemala para investigar la presunta participación de Aguilar en la estructura delictiva de TCQ, supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión por otro caso de corrupción.

En esta oportunidad, el juzgado noveno de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente se inhibió y trasladó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que será la que decida si le da trámite y, por lo tanto, si remite posteriormente el expediente al Congreso.

Por este caso el también magistrado de la CSJ de Guatemala Douglas René Charchal perdió este martes su inmunidad por decisión del Parlamento.

Ambos están supuestamente implicados en el escándalo de corrupción de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El caso TCQ se urdió, según la fiscalía, para cobrar un soborno millonario a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal.

El antejuicio es necesario para despojar de la inmunidad al magistrado y que así pueda ser investigado.

La pasada semana, la actual procuradora general, María Eugenia Villagrán, anunció que había presentado una denuncia penal abierta contra “cualquier” funcionario que hubiera participado en el aval del contrato, incluidos los trece exministros del Gobierno de Otto Pérez Molina y exresponsables de la propia Procuraduría.

La primera de las denuncias tramitada por el Ministerio Público (Fiscalía) ante el Juzgado Noveno incluye también a Larry Mark Robles, antecesor de Aguilar en el cargo, cuyo caso sí será asumido por este órgano judicial.