Guatemala, 23 jul (EFE).- La Fiscalía de Guatemala solicitó hoy, durante la primera audiencia del nuevo juicio por genocidio que se adelanta contra el exgeneral golpista Efraín Ríos Montt, internarlo en un centro psiquiátrico para practicarle una evaluación completa.

Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses difundido a inicios de este mes indicó que Ríos Montt no es competente para asistir o atender el proceso judicial, por lo que el exdictador no está en el juzgado sino en su casa, acompañado por una jueza, uno de sus abogados y un representante del Ministerio Público (MP).

La fiscal Hilda Pineda argumentó que el informe que decreta la incapacidad de Ríos Montt, de 89 años, no fue realizado acorde con el protocolo establecido.

Pineda solicitó una nueva evaluación mental que no sea exclusivamente psiquiátrica, sino también física y psicológica, y que sea realizada por médicos especialistas del Hospital Nacional de Salud Mental Francisco Mora, donde son «idóneos».

La Fiscalía entiende que Ríos Montt toma medicación específica sin estar recetada por los médicos adecuados y que, en la última evaluación, no se establece esa procedencia.

Por ello, la Fiscalía solicita que Ríos Montt sea internado para su observación y para que se le retiren esas medicinas que alteran el resultado de la evaluación final.

El nuevo juicio a Ríos Montt inició este jueves con un retraso de unas tres horas en el Tribunal B de Mayor Riesgos, ubicado en la Torre de Tribunales de la capital centroamericana.

En audiencia de este jueves la jueza María Eugenia Castellanos rechazó seis recursos presentados por la defensa en las últimas semanas que, entre otras cosas, buscaban la suspensión del juicio por el estado de salud del exgeneral que gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983.

Ríos Montt está acusado de la masacre de 1.770 indígenas ixiles y mayas a manos del Ejército de Guatemala durante su mandato, en medio del conflicto armado interno (1960-1996) que dejó entre 250.000 muertos y desaparecidos.

El ex jefe de facto fue condenado en mayo de 2013 a 80 años de prisión por el mismo caso, pero el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), anuló la sentencia al argumentar irregularidades en el proceso judicial.