Guatemala, 28 abr (EFE).- La Fiscalía de Guatemala finalizó hoy la imputación a 12 acusados de participar en una trama de corrupción descubierta en la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
TCQ es una compañía propiedad en un 85 % de la holandesa APM Terminals y en un 15 % a la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial.
El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, terminó este jueves la acusación ante el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo.
Ayer miércoles, Sandoval acusó al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que supuestamente lideraban la trama, de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Por este mismo caso, este jueves señaló al ex secretario general de la Presidencia y pareja sentimental de una de las hijas de Pérez Molina, Gustavo Adolfo Martínez Luna, de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Según explicó el fiscal, entre 2012 y 2015 Martínez participó en actividades ilícitas "con roles definidos" para interferir en la creación del proyecto de la portuaria con "gestiones y actos idóneos", como reuniones y dictámenes, que pusieron "en peligro" el orden de la administración pública.
Además, agregó, "influyó en funcionarios públicos" y, valiéndose de su puesto como secretario de la Presidencia, avaló el contrato "fraudulento e ilegal" siendo "consciente" de que para ello había que "burlar" la ley.
"Usted dio vida jurídica al usufructo", enfatizó el Fiscal, quien reconoció que Martínez atendía a las órdenes de Pérez Molina.
Al español Juan José Suárez, director y representante legal de TCQ, Sandoval le imputó los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo, pues, según explicó, las pruebas han permitido establecer que "pagó comisiones ilícitas a funcionarios y sindicalistas" y colaboró "en la burla" de la ley de contrataciones del Estado.
En esta norma se explica que el Ejecutivo, que adjudicó a TCQ el proyecto para la ampliación de la terminal de Puerto Quetzal por unos 255 millones de dólares, no puede dar en concesiones terrenos de una empresa descentralizada.
"Usted (Suárez) estuvo al tanto y consintió la celebración de los contratos" fraudulentos e ilegales y fue el "coordinador de distintos actos ilícitos de TCQ, como el pago de dádivas" millonarias a los involucrados, unos 30 millones de dólares, de los que 24,5 millones iban destinados a los socios locales de la estructura, 5 millones para un grupo de argentinos y medio millón para otros gastos.
El empresario Jonathan Harry Chevez fue acusado de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, ya que supuestamente "blanqueó y lavó" el dinero del soborno que correspondía a Pérez Molina y Baldetti a través de sus empresas pasando por al menos seis países.
Durante casi tres horas, el fiscal continuó con la imputación de los otros acusados: el exsubinterventor del Puerto Quetzal Julio Rolando Sandoval Cano fue señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude; y los sindicalistas Lázaro Noe Reyes Matta, Julio Nolberto Esquivel Orellana y Julio César Zamora Álvarez, acusados de enriquecimiento ilícito.
Supuestamente estos tres últimos recibieron sobornos para calmar su oposición hacia el proyecto.
El fiscal también acusó a Mario Ruano San José de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por "cooptar a funcionarios del sistema Judicial" para solventar inconvenientes, y a José Daniel Luna Argueta, secretario de un juzgado, le imputó el delito de cohecho pasivo.
El último de los imputados fue Samuel Aceituno Juárez, administrador de la empresa Proyecto Rentables de Inversión, S.A. (Proinver) y que según informaron hoy Efe fuentes oficiales fue detenido el pasado viernes por esta trama.
A este se le imputaron los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita, ya que, supuestamente, actuó como "testaferro" a favor de Pérez Molina y Baldetti, ocultando bienes de procedencia ilícita.
El caso de corrupción TCQ involucra, además de los 12 acusados hoy, a otras cinco personas que tienen una orden de captura internacional.