Panamá, 29 jun (EFE).- La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, recibió hoy a su homólogo de Andorra, Alfons Alberca, que se encuentra en el país para colaborar con casos como el de los sobornos de Odebrecht.

«Nos están visitando por temas puntuales de colaboración internacional. Ya hemos planteado en distintas oportunidades la necesidad de que todos los países coadyuven esfuerzos para la luchas contra la corrupción y la criminalidad organizada», explicó Porcell.

El fiscal general de Andorra está acompañado por la jueza de Instrucción del Principado de Andorra Canolic Mingorance Cairat, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Ambos funcionarios mantendrán el viernes una reunión con los fiscales contra la corrupción y el crimen organizado de Panamá para «atender temas de importancia entre ambas naciones», uno de los cuales es el caso Odebrecht, añadió Porcell, quien visitó Andorra en abril.

«Si no entramos en estas colaboraciones, en estas fórmulas de ayuda mutua, es seguro que ninguna investigación va a poder prosperar», afirmó por su parte el fiscal andorrano.

Por su parte, la jueza Mingorance destacó lo importante de que las dos naciones tengan «una relación judicial completa, en los casos que nos afectan a ambos países, lo más rápido y lo más eficaz posible».

«Es importante conocer ambos sistemas, tanto para nosotros como para Panamá, para conseguir llegar finalmente a una investigación profunda entre las cuestiones que nos afectan a nosotros», afirmó la jueza andorrana.

La Fiscalía de Panamá adelanta 24 investigaciones relacionadas con Odebrecht y ha imputado a 36 personas, entre las que están dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014.

Desde que se iniciaron las investigaciones en 2015, el Ministerio Público ha retenido 56 millones de dólares en distintas cuentas de Suiza, Andorra y Panamá, y ha incautado un helicóptero y un lujoso apartamento en España.

La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.