Guatemala, 6 sep (EFE).- La Corte de Constitucionalidad requirió hoy información al presidente, Jimmy Morales, y al Consejo Nacional de Seguridad, para resolver las acciones legales en contra de su decisión de no renovar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Además del presidente, el máximo tribunal también requirió informes a los ministros de Exteriores y del Interior, Sandra Jovel y Enrique Degenhart, respectivamente, entre otras autoridades.
Los datos son necesarios para resolver las solicitudes de "debida ejecución" que buscan revertir el impedimento de ingreso al país al jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, que decretó Morales esta semana.
Los informes solicitados deberán ser entregados en un plazo de 48 horas, indicó este jueves el secretario general del Constitucional, Martín Guzmán, en una rueda de prensa improvisada realizada en la recepción del edificio.
El máximo tribunal se reunirá, previsiblemente, el próximo lunes, día en que regresa a Guatemala la magistrada presidenta Dina Josefina Ochoa, para revisar los documentos requeridos a las entidades contra las que se emitieron amparos.
El secretario del Constitucional recordó que las decisiones de la entidad "no se pueden desacatar", en alusión a lo dicho por el procurador General de la Nación, José Luis Donado, de que no descartaba impugnar la resolución del máximo tribunal si éste resolvía que no es legal impedir el ingreso al país del comisionado.
Tras el anuncio del viernes en el que Morales advirtió que la Cicig no continuará en el país más allá de septiembre de 2019, este martes el Gobierno añadió que no permitirá el reingreso al país del comisionado colombiano Iván Velásquez al considerarlo un "peligro para la seguridad nacional".
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.