Guatemala, 28 abr (EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, envió hoy "un oficio" a la Procuraduría General de la Nación para que proceda a la anulación del contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), involucrada en un caso de corrupción.
"La procuradora recibió instrucciones verbales (para) que proceda cómo la ley nos pueda amparar. La instrucción es que ella nos proponga la mejor ruta y el mejor camino, que se pueda contratar a los mejores abogados para defender, por sobre todo, los intereses de Guatemala", manifestó el mandatario brevemente a la prensa.
En una conferencia de prensa este jueves, el portavoz de la Presidencia, Heinz Heimann, confirmó el envío esta tarde del oficio y añadió que ahora será un órgano jurisdiccional competente el que decida si se anula o no el contrato con la empresa.
La empresa TCQ forma parte del conglomerado internacional de la antigua compañía española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que fue vendida el pasado mes de marzo al grupo holandés APM Terminals y que en Guatemala gestionaba la ampliación de la mayor portuaria del país, la terminal de Puerto Quetzal.
Actualmente, la propiedad de TCQ corresponde en un 85 por ciento a APM y en un 15 por ciento a la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial.
La adjudicación a TCQ del proyecto para la ampliación de la terminal de Puerto Quetzal, valorado en 255 millones de dólares, es el eje de la trama de corrupción supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Ayer miércoles el comisionado presidencial, Enrique Godoy, detalló que el apoyo financiero recibido para el proyecto de ampliación de Puerto Quetzal fue de más de 100 millones de dólares a través de un crédito de los bancos GyT Continental (guatemalteco), IFC y Banco Holandés de Desarrollo (FMO).
Morales, que el pasado martes avanzó que el Ejecutivo declararía nulo el contrato, reiteró este jueves que el proceso debe hacerse apegado a la ley y protegiendo siempre los intereses del Estado.
"Tenemos que hacerlo de la forma más sabia, en donde no se ponga en ningún momento en amenaza el bienestar del Estado de Guatemala" y, para ello, hay que buscar las soluciones administrativas y legales más adecuadas, aseguró.
Estas instrucciones fueron confirmadas esta noche por el portavoz con respecto al usufructo, y además agregó que "se están analizando todas las implicaciones y consecuencias", pero lo más importantes "es que no se afecten los intereses y derechos del Estado" sobre "este bien particular".
"Este es el camino hacia la solicitud de nulidad del contrato, el cual debe ser revisado por un juez competente que deberá determinar si procede o no esta nulidad", proclamó, al tiempo que reconoció que sí puede haber demandas, pero esto "se deberá ventilar" en "el momento oportuno".
TCQ aún no está operando, pero los servicios, añadió, "son necesarios para el país", por lo que hay que contratar a las personas "técnicas" necesarias para que el Estado "no se vea perjudicado" y evitar "el mayor riesgo" a todos los involucrados, incluidos los trabajadores.
Este mismo jueves continuó, en el Juzgado B de Mayor Riesgo, la audiencia de primera declaración de los once acusados detenidos por esta trama, encabezados por el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, mientras que otros cinco continúan en busca y captura.