San Salvador, 22 mar (EFE).- Los crímenes de guerra cometidos entre 1980 y 1992 en El Salvador, que fueron dejados sin amnistía en 2016, deben ser juzgados bajo una ley de justicia transicional, señaló hoy el director del jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), José María Tojeira.

"A nuestro juicio sería mejor juzgarlos con un tipo de ley que emitiera la Asamblea Legislativa en el marco de la justicia transicional", dijo el sacerdote español a la prensa antes de entregar al órgano de Estado una serie de orientaciones para legislar sobre dicha materia.

Remarcó la conveniencia de crear una ley de justicia transicional porque "los casos son tan diversos en el tiempo que habría que utilizar tres códigos penales distintos" y "es mejor que estos crímenes que no han entrado en la prescripción o en la amnistía se juzguen con una legislación especial, que proponemos sea la transicional".

Tojeira explicó que este esquema se basa en los principios de "verdad, justicia, reparación y no repetición" de las violaciones a los derechos humanos, pero que permite penas más leves para los victimarios.

Además, propuso que las penas se puedan conmutar a cambio de trabajo comunitario o multas cuando los imputados reconozcan su participación "con la verdad y pidan perdón a las víctimas"; además, sugirió crear un fondo común para afectados, "que se alimente con las multas o confiscaciones de los bienes de los victimarios".

La entrega de estos lineamientos por el IDHUCA se da en el marco de un mandato que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema dio al Congreso de crear una ley de reconciliación nacional que sustituya a la anulada amnistía de 1993.

La Sala resolvió en julio pasado que la Ley de Amnistía General era inconstitucional por ser "contraria" al derecho de "acceso a la justicia" y "reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

Esta anulación de la amnistía ha permitido a la Justicia retomar casos como el de la masacre de El Mozote, en la que unos 1.000 campesinos fueron asesinados por el Ejército en 1981 y por la que un tribunal ha citado a 18 militares.

La guerra que enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por el Gobierno estadounidense, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -ahora en el poder como partido político-, se saldó con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.