Guatemala, 5 may (EFE).- La Justicia ordenó hoy la intervención de la empresa Aceros de Guatemala y arraigar a sus dos principales socios, por supuestamente haber defraudado al fisco más de 33 millones de dólares, informó una fuente judicial.
La medida fue autorizada este jueves por el Juzgado Séptimo Penal a petición del Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas, confirmó la fiscal general, Thelma Aldana.
Además de intervenir la empresa, también se ordenó el arraigo de los socios mayoritarios José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdez Gómez, así como del representante legal, Pedro José Paíz Valdez.
"Es una medida precautoria, la empresa será sujeta de intervención", expresó Aldana, y explicó que el interventor lo tendrá que nombrar la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con las investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Aceros de Guatemala utilizó una red de corrupción liderada por Omar Franco, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que se desestimaran tres querellas en contra de la empresa por un total de 255.612.266 (unos 33,15 millones de dólares).
La finalidad de la estructura era librar a Aceros de Guatemala del proceso penal, y limpiarle el récord ante la SAT para que pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.
Por este caso fueron detenidas y dejaron en prisión preventiva el pasado 2 de marzo 15 personas, entre ellas Franco y Giovanni Marroquín, ambos acusados también de pertenecer a la trama de corrupción aduanera "La Línea", un caso que mantiene en prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.