Tegucigalpa, 22 sep (EFE).- Expertos de España, Colombia y Costa Rica criticaron hoy la falta de independencia del sistema judicial en Honduras, y pidieron transparencia e imparcialidad en la elección de los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia del país.
El portavoz de Jueces para la Democracia de España, Joaquim Bosch, dijo que en Honduras "no existe suficiente independencia judicial" y alertó que de mantenerse esta situación será "muy negativo para el desarrollo democrático del país".
Destacó que en Honduras "hay problemas y cicatrices que no han cerrado" desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya y le costó el cargo a tres jueces y una magistrada, aparentemente por oponerse al derrocamiento del exgobernante.
"La situación del país en la Justicia es muy débil, hay situaciones de mucha fragilidad y se demuestra en los niveles de impunidad, corrupción, las protestas de la ciudadanía y en muchos delitos que nunca son resueltos" y, ello, es reflejo de que "la Justicia no funciona bien", enfatizó el experto español.
Honduras necesita "un cambio en la separación de poderes", subrayó, al considerar que "no es positivo" que los magistrados del Supremo hondureño sean nombrados por el poder político.
Bosch participa desde hoy junto a otros juristas extranjeros en el Foro Internacional: "Independencia Judicial y procesos de elección de Magistrados de Cortes Supremas", que se celebra en Tegucigalpa y concluirá el miércoles.
El Parlamento hondureño elegirá en enero de 2016 de una nómina de 45 candidatos, que será propuesta por una junta externa, a los 15 magistrados que integrarán el Supremo del país por siete años y para ello, requiere el voto de al menos 86 de sus 128 miembros.
Bosch llamó la atención al Parlamento y la junta de postulación para que elijan "a los mejores (candidatos), que tengan responsabilidad y piensen en el futuro de Honduras", y que "no se haga un uso partidista del poder público".
La directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la costarricense Marcia Aguiluz, dijo a Efe que uno de los pilares fundamentales para que un país funcione en democracia es "la independencia judicial".
Para ello, subrayó, se requiere que el sistema judicial sea "independiente" y "no controlado por los políticos".
La directora del Cejil instó a la junta que seleccionará a los 45 candidatos para elegir a los nuevos 15 magistrados en Honduras a que garantice que el proceso será "transparente y objetivo".
Además, reconoció que ninguno de los procesos para elegir a los magistrados "es perfecto", pero señaló que es necesario escoger el que garantice una mayor transparencia.
Aguiluz enfatizó que el proceso de elección de nuevos magistrados "es una oportunidad" para que Honduras pueda "cambiar las cosas y fortalecer su democracia".
Además, reclamó "mayor participación" de los sectores de la sociedad y que la población "exija rendición de cuentas" para que se puedan elegir "a las mejores personas para administrar justicia en el país".
Luis Ernesto Vargas, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, por su parte dijo en el foro que no se puede combatir la corrupción y la inequidad si el poder Judicial "no tiene independencia" y señaló que los jueces deben ser "la principal garantía" para "la existencia y preservación de una democracia".
Los magistrados deben tener "autonomía e independencia" porque "su única bandera debe ser la aplicación de la Constitución y de la ley", subrayó Vargas, quien indicó que ningún país puede cumplir "con un Estado democrático" si no garantiza "la independencia" de los jueces.
El exmagistrado de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón cuestionó en el evento la supuesta alta dosis política en la elección de los magistrados hondureños.
"He oído la desconfianza sobre el Congreso Nacional, la injerencia del poder político sobre el Judicial, las falencias que hay en el propio sistema de elección", subrayó.
Garzón indicó que la elección de magistrados debe desarrollarse en un ambiente de "transparencia e imparcialidad" para garantizar a la ciudadanía "la confiabilidad" del proceso.