Guatemala, 30 mar (EFE).- Expertos en materia judicial de Centroamérica y Colombia clamaron hoy en Guatemala por pasar de una justicia de transición a una transformación para resarcir a víctimas de los conflictos armados.

En el congreso internacional “De la justicia de transición a la transformación. Experiencias de Centroamérica y Colombia” diferentes analistas resaltaron la importancia de conocer una verdadera reparación a las víctimas y promover iniciativas de paz y reconciliación.

Uno de los que se pronunció en este sentido fue el exmagistrado de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, quien lamentó, en el caso de Guatemala, que los Acuerdos de Paz firmados en 1996 para poner fin a la guerra se incumplan “de forma sistemática”.

En 2016 se cumplen 30 años del inicio del proceso de pacificación en Centroamérica, 24 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador y 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, conmemoraciones que representan un momento propicio para revisar los avances, los obstáculos y los desafíos en la región, coincidieron algunos de los participantes.

La transición a la democracia y a los procesos de paz pusieron fin a las guerras internas y a las masivas violaciones a los derechos humanos contra la población civil, pero no lograron asegurar plenamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, ni consolidar las garantías de no repetición.

Las comisiones de la verdad revelaron la magnitud de los crímenes de las dictaduras militares y las guerras internas: más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos en Guatemala, más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos en El Salvador, más de 200 desaparecidos en Honduras y miles de refugiados y desplazados internos en toda la región.

Garzón reconoció que a pesar de las cifras y de haber pasado tanto tiempo, las víctimas siguen queriendo justicia y añadió que esta siempre actúa en el pasado, pero sobre hechos y crímenes que aún se cometen hoy en día, y que necesitan traer la “verdad bajo la tierra”.

Según explicó, la impunidad es una realidad en el presente que se proyecta en el futuro, y que se debe, en muchos casos, a la protección de una elite minoritaria para seguir propiciando una “dinámica” de abusos sobre los derechos humanos de la sociedad.

El jurista español reconoció que su país no sirve para dar ejemplo, ya que también está incumpliendo los estándares internacionales al no dar respuesta, 80 años después, a los crímenes cometidos durante la guerra civil.

Pero a pesar de las críticas, Garzón admitió que se hacen avances en todos los países, y alabó la prontitud de Guatemala para ir juzgando estas atrocidades y dar respuesta a las víctimas.

En este mismo sentido se pronunció el Procurador de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jorge de León Duque, quien señaló que al menos ya hay 16 sentencias sobre crímenes de guerra y que después de años se puede reconocer que hay una respuesta de la justicia “eficiente” y “responsable” para las víctimas.

Rootman Pérez, representante del Ministerio Público (MP-Fiscalía), recordó durante su exposición el caso de Sepur Zarco, un proceso “emblemático” y que sienta “un precedente muy importante” al acabar condenado a dos militares retirados por violar a más de una decena de mujeres indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996), el primero de esta índole en ser juzgado.

Estos casos, o los que están en desarrollo tanto en este ámbito como sobre la corrupción, ponen de manifiesto que en Guatemala “nadie es superior a la ley”, pero que hay que seguir luchando por la independencia judicial.