Managua, 14 abr (EFE).- Líderes ambientalistas de Nicaragua recordaron este miércoles, desde el exilio, la «chispa» que dio paso a multitudinarias manifestaciones contra el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, en abril de 2018, que resultaron en la muerte, desaparición o arresto de miles de disidentes, y por lo cual el Ejecutivo sandinista es señalado de «crímenes de lesa humanidad».

En un conversatorio denominado «La chispa que encendió abril», los jóvenes rememoraron que previo a las manifestaciones que iniciaron el 18 de abril de 2018, en Managua, ya había un ambiente de rebeldía contra el presidente Ortega, debido a que «minimizó» un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz (sureste) que calcinó más de 6.000 hectáreas de bosque tropical húmedo, según la ambientalista Fundación del Río.

La estudiante Madeline Caracas, quien encabezó las protestas por Indio Maíz, dijo que días después de la primera manifestación el Gobierno envió a miembros de la Juventud Sandinista y trabajadores del Estado a provocar una revuelta, que finalmente los ambientalistas evitaron.

«No sé cómo no hubo un muerto ese día, se destinaron caravanas de la Juventud Sandinista para que nos rodearan. Para mí (el 12 de abril) es el inicio de una serie de persecuciones», afirmó Caracas, en el conversatorio vía teleconferencia, organizado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Un semana después, bajo un ambiente tenso, los manifestantes que luego fueron conocidos como «autoconvocados» por reunirse de forma espontánea, protestaron en Managua contra unas reformas sociales, y el 18 de abril fueron vapuleados por las llamadas «turbas sandinistas».

Al día siguiente un grupo de ancianos, en la ciudad de León (noroeste), reclamaron por sus derechos, y también fueron agredidos por los grupos progubernamentales, lo que desató las protestas masivas, que fueron anuladas con ataques armados de policías y civiles armados que en los primeros tres meses dejaron 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, afirmó que las protestas por Indio Maíz, que pertenece a la Reserva de Biosfera Río San Juan, arreciaron cuando un grupo de bomberos especializados de Costa Rica, que acudieron al llamado de los ambientalistas, fueron impedidos de ingresar a Nicaragua para detener el incendio en la selva.

«Hubo mal manejo de la atención del desastre», dijo Ruiz, quien agregó que las acciones del Gobierno tras el incendio se limitaron a reforestar la zona, una estrategia que fracasó por tratarse de un humedal.

Tanto Ruiz como la periodista de la zona Kalua Salazar, coincidieron en que el lugar del incendio afectó a la flora, la fauna, pero también a los indígenas, quienes se vieron obligados a abandonar el lugar.

Las protestas masivas de 2018 originaron una sangrienta crisis sociopolítica de la que Nicaragua todavía no se recupera. Organismos locales calculan que hasta 2020 al menos 684 opositores murieron a manos de las fuerzas del Gobierno.

Ortega, por su parte, admite 200 víctimas y dice haberse defendido de un «golpe de Estado fallido».

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