San Juan, 31 oct (EFE).- El Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico, creado para asesorar a Gobierno y Legislativo sobre el modelo sanitario para la isla y su financiación, divulgó hoy su primer informe, en el que se recomienda trabajar en favor de un sistema de cobertura universal.

La entidad, adscrita al Recinto de Ciencias Médicas de la estatal Universidad de Puerto Rico y creada por la Ley 235 de 2015, señala como punto más destacado de su informe, titulado «Basta ya de parchos (parches) en el sector salud», que se «debe aspirar a la universalidad de los servicios de salud».

El informe subraya que la salud es un derecho humano fundamental y no un bien de consumo más, por lo que apuesta, junto a avanzar hacia un sistema universal, por reducir desigualdades y atender la vertiente social del apartado sanitario.

Apunta que desde que en 1974 se ignoró la recomendación de crear un sistema universal se ha avanzado hacia «mecanismos y reformas de mercado».

El informe indica que se requieren cambios fundamentales y que «es necesario examinar las iniciativas desarrolladas a nivel de Estados Unidos destinadas a garantizar la universalidad».

Deja claro que es necesario profundizar en un modelo de financiación que sea adecuado y que el Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico no recomendará ningún tipo de sistema sanitario que no cuente con viabilidad financiera.

Resalta que en el actual sistema -en el que las personas con suficientes ingresos deben contratar sus planes de salud con aseguradoras privadas- los médicos, dentistas y hospitales, que son los participantes fundamentales, quedan excluidos de la negociación de las tarifas, lo que según el informe crea un problema de gobernación que hay que afrontar.

El informe recuerda que la reglamentación federal establece que cada estado de EE.UU. cuente con una junta que asesore sobre servicios de salud que se prestan a través de Medicaid (programa destinado a población con bajos ingresos), algo que no se cumple en Puerto Rico y que debería estar vigente.

El documento se refiere además a un informe del Senado de Puerto Rico de 2014 sobre las quejas por las dificultades para recibir atención siquiátrica por parte de los pacientes del plan sanitario del Gobierno, por lo que se recomienda su revisión.

Recuerda que el Departamento de Salud se ha referido en varias ocasiones a los problemas de atención de la comunidad LGBT, tras apuntar que un sistema sanitario no puede ser efectivo si un grupo de la sociedad no está correctamente atendido.

El informe, una vez señalados los fallos más graves del sistema, propone para alcanzar un sistema de calidad óptimo apostar, en primer término, por la prevención.

Otra de las medidas que propones es fortalecer los servicios de salud mental y formar correctamente a la fuerza laboral para que provea un tratamiento adecuado a la comunidad LGBT.

Aunque se apuesta por un sistema de cobertura sanitario universal, la coexistencia con una oferta de salud privada debe de mantenerse de forma óptima.

Además, en la medida de lo posible, se destaca la conveniencia de que el paciente tenga la opción de elegir a sus proveedores sanitarios.

La salud, se resalta, es una inversión en la productividad de la fuerza laboral, por lo que no debe verse como un gasto sin retorno.

La isla tiene un límite para la recepción de fondos Medicaid, lo que provoca que el Gobierno de Puerto Rico tenga que asumir más del 80 % de los gastos relacionados con la salud.

En Puerto Rico hay 300.000 personas -de una población total de 3,5 millones- que carecen de cualquier tipo de asistencia médica, un grupo de personas que no puede acogerse a los planes públicos sanitarios al contar con ingresos superiores al límite establecido por las autoridades locales, pero que tampoco cuenta con medios suficientes para afrontar un seguro privado.

Aproximadamente 1,5 millones de personas se benefician en Puerto Rico del plan Medicaid. EFE