Tegucigalpa, 9 may (EFE).- La compañía hondureña DESA, responsable de la planta hidroeléctrica Agua Zarca en el occidente de Honduras, dijo hoy que confía en que la Justicia del país llegará a los «verdaderos culpables» del asesinato, el 3 de marzo, de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres.
En un comunicado, DESA señaló que «confía en que la Justicia hondureña llegará a los verdaderos culpables de este lamentable suceso».
Las autoridades hondureñas han detenido hasta ahora a cinco personas, una de ellas es empleado de DESA y otro fue trabajador de esa empresa, que se creen están implicadas en el asesinato de Cáceres.
Los presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato de Cáceres son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado y extrabajador de DESA; y Sergio Rodríguez, ejecutivo de esa empresa.
Estos cuatro sospechosos fueron enviados el domingo a prisión preventiva por el juez que instruye la causa, que además les dictó auto de formal procesamiento.
Una quinta persona, identificada como Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson, fue detenido el pasado lunes pero se le había dejado en libertad en la ciudad caribeña de La Ceiba.
Sin embargo, el Ministerio Público hizo el viernes un requerimiento fiscal de Duarte, quien, según investigaciones, tenía en su poder el arma con la que la ambientalista fue asesinada, por lo que ese mismo día fue trasladado a Tegucigalpa para comparecer ante un juez en los próximos días.
Tras conocer la resolución del juez, DESA indicó que «rechaza todos los actos que atenten contra los valores de nuestra empresa y contra la legislación nacional».
Enfatizó además que la empresa hondureña continuará a disposición de las autoridades del país de «forma permanente y cooperando» en el caso.
La empresa hondureña desarrolla la planta hidroeléctrica Agua Zarca, la cual, dijo, se realiza «bajo estrictas medidas medioambientales» y cuenta con «un total apoyo» de las comunidades de su zona de influencia.
«Este proyecto representa una fuente de inversión y desarrollo para la economía hondureña, donde la inclusión y protección de la vida es el más alto valor rector de sus actividades», subrayó la empresa hondureña.
La ambientalista y defensora de los derechos humanos se oponía a la construcción de la represa hidroeléctrica por considerar que atentaba contra los recursos naturales del país.