Tegucigalpa, 23 ene (EFE).- La elección de los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, prevista para el lunes, supone una oportunidad para mejorar el sistema judicial y reducir la impunidad en el país, indicaron hoy expertos y representantes de la sociedad civil consultados por Efe.

El Parlamento de Honduras elegirá el próximo lunes de una nómina de 45 candidatos, propuesta por una junta externa, a los nuevos 15 magistrados que integrarán el Supremo hondureño por siete años, para lo que requiere el voto de al menos 86 de sus 128 miembros.

La elección de los nuevos magistrados es «una extraordinaria oportunidad para generar ese gran cambio que el pueblo reclama en el sistema de justicia», dijo a Efe Omar Rivera, coordinador de la ONG Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

«Es el momento de generar un cambio y ese cambio se inicia renovando el liderazgo del Tribunal Supremo», indicó Rivera, quien dijo que espera que el Congreso Nacional elija profesionales «competentes, decentes e independientes».

El coordinador de la APJ instó a los diputados hondureños a «no traicionar» la aspiración generalizada de la población de llegar a tener un poder Judicial «independiente».

Resaltó además que el Parlamento de Honduras, en el que están representados siete partidos, tiene el «deber ineludible» de elegir magistrados capaces de administrar justicia para todos los ciudadanos.

Rivera señaló que una Corte Suprema de Justicia integrada por profesionales influenciados por el poder político podría ser «un verdadero obstáculo a todos los esfuerzos internacionales para luchar contra la impunidad» en Honduras.

«Ocupamos funcionarios judiciales que no se conviertan en lacayos o escuderos de los grupos de poder político, económico o criminal», enfatizó.

Destacó además la necesidad de «romper la tradición» de que los funcionarios judiciales «le rinden pleitesía a los partidos políticos, la empresa privada y las bandas del crimen organizado».

Para generar ese cambio, Rivera considera necesario que los futuros magistrados del Supremo hondureño sean «honestos, capaces e independientes de cualquier influencia perversa».

Además llamó la atención al Congreso Nacional para que se abstenga de «cometer el error de seleccionar a los (candidatos) que no tengan el perfil de idoneidad y un compromiso con la población y el respeto a la ley».

Rivera apuntó que muchos hondureños no creen en la Corte Suprema de Justicia por la corrupción que ha salpicado a jueces y magistrados desde hace varios lustros.

«La ineficiencia, la politización, la corrupción del poder Judicial es uno de los principales obstáculos para vencer la impunidad en el país», subrayó.

Por su parte, el exfiscal hondureño de Derechos Humanos Edy Tábora coincidió con Rivera, y dijo a Efe que el poder Judicial «es uno de los responsables» de la impunidad que impera en el país centroamericano.

La institucionalidad hondureña «no funciona» y el poder Judicial tiene «poca credibilidad», indicó Tábora, quien se mostró «muy escéptico» respecto a la transparencia en el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo.

«Hay intereses de los grupos políticos, no van a salir candidatos independientes, no tenemos muchas expectativas positivas, pero esperamos que una vez instalada la Corte Suprema la ciudadanía presione y exija un desenvolvimiento de los funcionarios para que respondan a los intereses de la población», enfatizó el exfiscal.

Honduras requiere de «una institucionalidad fuerte e independiente», resaltó Tábora, al considerar que el camino será difícil, pero espera que el proceso finalice con un sistema que proteja los derechos humanos.

Hasta ahora la elección de los magistrados se la han repartido los Partidos Nacional, en el poder, y Liberal, ambos conservadores, pero en la presente legislatura, en la que las dos instituciones políticas suman 75 escaños, tendrán que negociar con las nuevas fuerzas de oposición surgidas en las elecciones de 2013.

El partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que coordina el expresidente Manuel Zelaya, obtuvo 37 escaños, pero seis de sus diputados ahora conforman una bancada independiente, mientras el partido Anticorrupción alcanzó 13, y los tres restantes son de colectividades minoritarias.

Para el analista político hondureño Raúl Pineda será «difícil» lograr un poder Judicial independiente, pero consideró que si los magistrados muestran «independencia, sabiduría y eficacia», será «irrelevante» que pertenezcan a un partido político.

Honduras requiere «una justicia autónoma, aplicada con sabiduría y prontitud» y que «no violente la libertad y las garantías» de sus ciudadanos, enfatizó Pineda en declaraciones a Efe.

Destacó que el principal reto de Honduras estará en lograr una mayor independencia de ese poder del Estado y «desmilitarizar» la justicia.

Los nuevos magistrados tendrán el deber de actuar «en función de los intereses de la nación y los principios que orientan la equidad y la justicia», subrayó el analista.