San Salvador, 9 may (EFE).- El Gobierno salvadoreño lanzó hoy una comisión de «alto nivel» para garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las «medidas extraordinarias» que implementa el Ejecutivo contra las pandillas.

La comisión es encabezada por el canciller, Hugo Martínez, el comisionado presidencial de Seguridad, Hato Hasbún, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales.

Según el vicepresidente, Óscar Ortiz, la iniciativa, denominada «Mecanismo de Coordinación para el Fortalecimiento de los Controles Internos de las Instituciones de Seguridad», tiene como objetivo «garantizar el pleno respeto a los derechos humanos» en el marco de una ofensiva iniciada por el Gobierno contra las pandillas.

«La Policía y la Fuerza Armada van a tener una acción muy intensa, ambos van a estar en la primera trinchera, (…) y la filosofía de (el plan gubernamental) El Salvador Seguro es garantizar que la actuación de nuestros cuerpos se haga con la ley en la mano», sostuvo Ortiz en una conferencia de prensa.

Destacó que este mecanismo permitirá «mejorar y elevar» la comunicación y coordinación entre la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y los organismos internos de la Policía y el Ejército que vigilan su accionar.

Por su parte, el canciller Martínez detalló que eventualmente podrán ser invitados a formar parte de la iniciativa «observadores y funcionarios de organismos internacionales, sociedad civil y de la academia».

Entre las funciones de la comisión están el «promover propuestas de acción policial en apego a los estándares internacionales para prevenir cualquier eventual abuso de los derechos humanos» y crear mecanismos para «evaluar el desempeño de las actuaciones» de la Policía y el Ejército, señaló Martínez.

Agregó que también elaborará «una propuesta de atención psicosocial en la red pública de salud» para los miembros de los cuerpos de seguridad que «se ven enfrentados al estrés que conlleva la realización de sus funciones».

El procurador de Derechos Humanos señaló que «es positivo que al más alto nivel del Gobierno y de las instituciones de Seguridad se busque fortalecer los mecanismos de control».

Añadió que su papel en la comisión también se enfocará en garantizar «el respeto a los derechos humanos de los policías en todos los procesos disciplinarios».

Esta iniciativa «no solo es una garantía para prevenir abusos a los derechos humanos, es una garantía para mejorar la eficiencia en el servicio (de seguridad) y para evitar la infiltración de las instituciones por los grupos delincuenciales», concluyó Morales.

El mismo aseguró que la Procuraduría de Derechos Humanos mantendrá una «total independencia» y seguirá «investigando y denunciando las violaciones de derechos humanos» que establezcan.

El ombudsman salvadoreño reveló a finales de 2015 que los cuerpos de seguridad y otras instituciones que intervienen en esta área son los más denunciados por violaciones a los derechos humanos en El Salvador, a causa del endurecimiento de las políticas en contra de la delincuencia.

Según el informe de labores de entre junio de 2014 y mayo de 2015 de la procuraduría, en este lapso fueron interpuestas 2.202 denuncias de abusos a derechos, de las que el 91,78 % fue contra la Policía, el Ejército y otras instituciones de Estado que intervienen en la represión del delito.

Morales también señaló recientemente que la procuraduría investiga 39 «hechos que podrían dar lugar a posibles ejecuciones extrajudiciales» de 139 personas.