San Salvador, 6 may (EFE).- Una estructura dedicada al sicariato de miembros de pandillas, formada por policías, civiles y expandilleros, fue desarticulada hoy por las autoridades salvadoreñas, un hecho inédito en los últimos 20 años.

El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en una conferencia de prensa que fueron arrestados 22 de 25 personas requeridas, incluidos 5 agentes y un empleado administrativo de este cuerpo de Seguridad, y que continúan prófugos cuatro individuos.

A los policías detenidos se les acusa de participar en la comisión de homicidios y de “facilitar uniformes y armas para que se cometieran los asesinatos”.

El resto de los detenidos son civiles y exmiembros de pandillas que operaban en los departamentos de La Libertad (centro), Santa Ana (noroeste) y Sonsonate (oeste), a los que se les atribuyen 11 asesinatos, 2 intentos de homicidio y un robo entre 2014 y 2015.

“En la mayoría de los casos que se han investigado el modus operandi era el mismo: simular una intervención policial y a partir de allí sacar a la víctima (de su casa) y asesinarla”, detalló el titular de la Policía.

También destacó que “el interés de esta estructura criminal no solo está cifrado en la posibilidad de eliminar a alguien por pertenecer a un grupo de pandillas”, sino por un interés de “lucro”.

Ejemplificó que entre los 11 homicidios se encuentra el de una anciana y de un adolescente que no tenían relación con alguna pandilla.

“Con esta investigación reiteramos el compromiso de ser enérgicos en la aplicación de la ley (…) cuando, al margen de las disposiciones legales, individuos o grupos pretenden realizar acciones” como las de los detenidos, sentenció.

Durante el operativo, que inició la noche del jueves y se extendió hasta la madrugada de hoy, las autoridades se incautaron de 12 armas de fuego, municiones, 3 chalecos antibalas, 17 uniformes de la Policía, un uniforme del Ejército y cerca de 5.000 dólares.

Los policías detenidos fueron identificados como Elmer Aníbal Rodríguez (agente), Fidel Antonio Galán (agente), Víctor Manuel González (agente), Nelson Alfredo Lule (sargento), Gerardo Aníbal Rivas (cabo) y Joaquín Arevalo (chófer), este último, supuestamente encargado de “reclutar” nuevos miembros para la estructura.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que “no puede permitirse, ni se tolerará la existencia de ningún grupo que tenga como finalidad dar muerte a ciudadanos, sean de algún grupo delincuencial o no”.

“Es responsabilidad de la fuerza pública el perseguir a estos grupos como cualquier grupo criminal y con mucha más razón si en el mismo participan miembros de la institución policial”, sentenció Ramírez Landaverde.

De acuerdo con el fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez, con estas capturas “lo que estamos tratando de hacer es cuidar la institucionalidad, tratando de que la misma Policía no se vaya a degenerar, de que aquellos elementos que andan cometiendo ilícitos no se vayan a aumentar”.

Meléndez detalló, tras una reunión con el multisectorial Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), que la investigación de este caso inició en 2015 y señaló que “hay otras investigaciones” abiertas por otros grupos similares sin entrar en detalles.

El ombudsman salvadoreño, David Morales, celebró la inédita detención de estas personas y reveló que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que él preside, investiga un total de 39 “hechos que podrían dar lugar a posibles ejecuciones extrajudiciales” de 139 personas.

Estas serían las primeras capturas en la historia reciente de El Salvador de miembros de los cuerpos de Seguridad relacionados a este tipo de delitos.

El antecedente más reciente de esta medida se dio en 1996, cuando la Policía detuvo a 16 supuestos miembros del grupo de exterminio de pandilleros, incluidos dos oficiales de este cuerpo de Seguridad, denominado “Sombra Negra” que operaba en el oriental departamento de San Miguel.

La ola de violencia que vive este país de Centroamérica, atribuida a las pandillas, se cobró la vida de 2.337 personas en los primeros cuatro meses de 2016, un 51,26 % más que en el mismo lapso de 2015.