Panamá, 17 jun (EFE).- El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, vetó parcialmente un proyecto de ley sobre contrataciones públicas aprobado en el parlamento, para que el Legislativo reconsidere aspectos como plazos en los contratos de urgencia o condiciones especiales para el sector salud.

El presidente no vetó, sin embargo, el punto del proyecto de reforma de ley que había sido más criticado por la sociedad civil: el que se permita participar en procesos de contratación a empresas condenadas en el extranjero.

En detalle, Varela vetó parcialmente los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 del proyecto de Ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones.

Algunos de los aspectos por los que pidió reconsideración estaban incluidos en el proyecto original que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó en la Asamblea Nacional (AN).

Por ejemplo, el presidente cree que no está justificado que la Caja del Seguro Social (CSS) quede excluida del alcance de la normativa, en el artículo 1.

"La decisión del Mandatario está basada en la inconveniencia del artículo 1 del proyecto 305, el cual no contiene las disposiciones inicialmente propuestas en lo referente a la adquisición de bienes, servicios y obras, en especial, del sector de la salud pública, ni las introducidas en el primer debate en la Asamblea", explicó la Presidencia en un comunicado oficial.

También se objetaron artículos para ampliar los plazos de publicación de convocatorias y para que se permitra que la Dirección General de Contrataciones Públicas delegue en las instituciones de salud la licitación para convenios marco "para la adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos para la salud humana".

El gobernante consideró necesario que se vuelva a adoptar la sugerencia de la Asamblea Nacional de procedimientos especiales, cuando se deban adquirir medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos de la salud humana, hasta por 500.000 dólares, en caso de urgencia o desabastecimiento.

El proyecto fue aprobado el 29 de abril pasado por la AN durante la última sesión del período ordinario de sesiones correspondientes a la actual legislatura.

Juristas y activistas de la sociedad civil habían criticado el proyecto de ley por la permisión de contratación de empresas condenadas por delitos de corrupción.

La norma aprobada "violenta" la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por Panamá, que "precisamente plantea que no se puede contratar con empresas corruptas", argumentó entonces el abogado y catedrático panameño Ernesto Cedeño.

El presidente dijo a periodistas días después que el artículo que se quería incluir sobre este tema "afectaba no a uno o dos, sino a más de 12 - 14 contratistas del Gobierno de medicina, de tecnología, de finanzas, que han sido sancionados en otros países. No era una decisión fácil".

El proyecto debe ahora retornar al parlamento, que puede aprobar por insistencia sus propuestas, lo cual llegaría entonces a manos del Poder Judicial.