Guatemala, 6 may (EFE).- El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jorge de León Duque, dijo hoy que es un “avance” la suspensión temporal de la licencia para la explotación de la mina de la Puya dictada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

La CC decidió amparar, por unanimidad, la reclamación de la organización civil Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (Calas), y rechazó los recursos contrarios presentados por el Estado y la empresa operadora Exploraciones mineras S.A., filial de la estadounidense Kappes Kassiday & Associates (KCA).

De esta manera, la Justicia obliga a detener temporalmente la actividad extractiva en la zona, que había suscitado las protestas de comunidades campesinas de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.

La revocación de la suspensión está supeditada a la celebración de una consulta popular con los pobladores “en un tiempo prudencial” para establecer si autorizan o no el proyecto, según lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Es por ello que el Procurador ha pedido al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala “el cumplimiento estricto de lo resuelto” por la Corte e hizo un llamado a respetar “la integridad personal y la vida de todas las personas que en ejercicio de sus libertades y derechos defienden su territorio”.

Los agricultores aseguran que desde que comenzó a operar la mina en mayo de 2014 los niveles de arsénico en el agua que riega sus cultivos se han multiplicado hasta sobrepasar los límites legales.

En Guatemala, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen en la actualidad 51 empresas de exploración y 292 de explotación de metales minerales, no minerales y de construcción.