San Salvador, 8 jun (EFE).- El Gobierno de El Salvador insistió hoy en que la administración del recurso hídrico del país debe de estar en “manos” públicas y no bajo el dominio de la empresa privada, tal y como pretende la facción de la derecha en la Asamblea Legislativa.

La titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, se pronunció este viernes sobre la discusión que retomaron el martes diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para aprobar una Ley de Aguas.

Pohl manifestó que desde la entidad gubernamental se ve con “mucha preocupación” la discusión de la “tan esperada y necesaria Ley de Aguas, porque ya se han aprobado cinco artículos en los que se establece la creación de una superestructura para administrar el agua”.

“Vemos con preocupación que la Autoridad Nacional Hídrica se convierta en una superestructura, cuando el objetivo es crear una entidad eficiente para ser el rector de la gestión de un recurso vital”, expresó la funcionaria.

La titular del MARN insistió en que la Ley de Aguas “debe ser una legislación donde las decisiones del recurso más importante tiene que estar en manos públicas”.

Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa retomaron este martes el estudio de la Ley de Aguas y acordaron la metodología a seguir para el análisis de la iniciativa.

Según el Órgano Legislativo, los parlamentarios ratificaron los primeros cinco artículos de la normativa aprobados por la pasada legislatura (2015-2018), los cuales tienen que ver con la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

La propuesta analizada por los diputados es la presentada por los partidos de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el 14 de junio de 2017.

El 14 de abril de 2015, el Gobierno de El Salvador decretó una emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central del país, por una prolongada sequía a causa del cambio climático.

Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.