Panamá, 28 may (EFE).- El vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié, se enfrenta esta semana a la ruda tarea de explicar en Argentina los avances del país en materia de transparencia fiscal y financiera. Se trata de un esfuerzo más en la campaña del Gobierno para sacar a la nación del istmo de las sospechas de ser aún un paraíso fiscal, oficial o extraoficialmente.

Difícil cometido, que se agiganta aún más por la sensación generalizada de que el escándalo de los papeles de Panamá, que destapó la existencia de miles de sociedades anónimas extraterritoriales en más de 20 jurisdicciones a nombre de personalidades de todo el mundo, no es más que la punta del iceberg de un lucrativo negocio perfectamente legal, de acuerdo con las normas panameñas.

El hecho de que muchas de esas firmas constituidas por el bufete Mossack Fonseca operaran en paraísos fiscales abrió sospechas crecientes sobre evasión fiscal y blanqueo de capitales.

Contra esa imagen poca munición: apenas la intención de estudiar un cambio en la legislación que permita a Panamá cumplir los exigentes estándares que se aplican, por ejemplo, en la Unión Europea, o con los que se mueve Estados Unidos frente a aquellas entidades que se constituyen fuera de su propio territorio.

Y no ayudan mucho -todo lo contrario- declaraciones como las de los abogados de la Mossack y Fonseca, que resaltan que sus clientes eran bancos y otros bufetes: “Ellos son los que tienen que explicar por qué los usuarios finales de esas sociedades anónimas , fundaciones sin ánimo de lucro e instrumentos de planificación financiera” les dieron el uso por el que ahora se les investiga.

Tampoco la reciente autodefensa del presidente del Colegio de Abogados panameño, Juan Carlos Araúz, quien animó al Gobierno de Juan Carlos Valera a rechazar las “presiones externas” para que la evasión fiscal se convierta en el país en un delito penal, sugerida por diferentes organismos internacionales.

Araúz estimó que esas presiones externas solo obedecen a la pretensión de que el país se convierta “en la policía fiscal de cualquier individuo en otra jurisdicción”, para agregar que “Panamá no puede ni debe convertirse en la custodia de la lealtad de otros ciudadanos para con su país de origen”.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que culminó el pasado viernes una ronda de evaluación en panamá, dejó unas primeras recomendaciones para elevar las medidas de prevención y fortalecer las sanciones contra el blanqueo de capitales, según admitió el propio Ministerio de Economía panameño.

A falta de conclusiones definitivas, los evaluadores del organismo, encargados de revisar los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para prevenir el blanqueo de capitales y las financiación del terrorismo, señalaron en sus conclusiones preliminares la necesidad de “profundizar y fortalecer algunos aspectos relevantes”.

Esa recomendación no impidió que el propio Ministerio de Economía panameño enfatizara que los miembros de Gafilat reconocieron el alto compromiso del país para enfrentar los riesgos del lavado de activos.

Conclusiones contradictorias que esconden el debate interno sobre las ventajas de mantener el rentable sistema actual frente a la cada vez más perentoria presión internacional.