Panamá, 7 jun (EFE).- El Colegio Nacional de Abogados de Panamá rechazó hoy los nuevos sistemas de regularización migratoria decretados por el Gobierno, los que calificó como una "liberalización" a costa de la seguridad del pueblo panameño.

El gremio pidió la derogación de los decretos 167 y 168 de 2016, que impusieron nuevas medidas para legalizar a la población extranjera irregular por un método distinto a las ferias masivas que instauró el anterior Gobierno, de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Además, en un comunicado, convocaron a la ciudadanía "al rechazo de la liberalización de la normativa migratoria".

El pasado viernes, el Gobierno lanzó estos nuevos mecanismos para "tener información actualizada sobre los inmigrantes que se encuentran en Panamá, de modo que se legalicen y contribuyan de manera formal con la economía nacional", anunció el presidente, Juan Carlos Varela.

Ambos procesos de regularización, uno para nacionales de todos los países y otro para los chinos, pide para el primer caso tener al menos un año en el país, con un máximo de treinta días en el extranjero, y en el segundo, haber entrado antes del 1 de enero de este año.

El presidente Varela ha defendido la medida bajo el argumento de que estas personas colaborarán formalmente con el país, mientras las autoridades migratorias han asegurado que no se trata de una puerta abierta a la migración, porque una serie de requisitos median entre la concesión del permiso.

Los solicitantes deberán presentar sus antecedentes penales y ser sometidos a entrevistas personales, y luego se analizarán los casos de forma individual, a diferencia de las ferias migratorias denominadas "Crisol de Razas", con las que se dio estatus legal a unas 67.000 personas.

Los abogados panameños ven el nuevo proceso como una flexibilización en los requisitos para adquirir la condición regular, lo que, creen, pone en desventaja al extranjero que cumple con la normativa y también al panameño, "al ser expuesto a competir con mano de obra extranjera en posiciones que debiesen ser resguardadas".

El gremio de juristas ha pedido al Gobierno estudiar una política migratoria formal que atienda a las necesidades laborales del país, una petición que reiteró hoy.

Otra fuente de crítica es la del destino de los fondos que pagarán los inmigrantes por estos trámites, que individualmente tienen un costo de entre 517 y 2.102 dólares, dependiendo de la nacionalidad.

El decreto estipula que el 80 % de lo recaudado irá al Ministerio de la Presidencia, "para ayuda social y seguridad", y el 20 % a un fondo para el desarrollo del recurso humano del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Los abogados consideraron esto una manera del Ejecutivo de buscar recursos para la gestión pública, y pidieron más bien la eliminación de "gastos superfluos" y la "racionalización de los recursos destinados a la inversión pública, que no permitan recurrir a la creación de fórmulas equivocadas para la consecución de fondos a costa de la seguridad del pueblo panameño".

El director del SNM, Javier Carrillo, dijo ayer a la televisión local que, "como en todos los países", es imposible cerrar por completo las fronteras a la migración y defendió el método como una manera de regularizar a quienes cumplen con los requisitos.

El proceso migratorio planteado por el Gobierno, tal y como lo hacía el "Crisol de Razas", exime a los extranjeros de emplear a los abogados para presentar sus solicitudes, como sí se exige en todos los demás trámites.

Los abogados panameños también eran los principales enemigos de las ferias, un proceso al que atribuían un desorden migratorio que no discriminaba el oficio de los extranjeros, en contraste con las residencias para profesionales, que de entrada están prohibidas para quienes ejerzan carreras protegidas para panameños, como medicina, odontología, ingeniería, derecho, psicología, entre otras.