San Salvador, 8 jun (EFE).- El alcalde de la localidad salvadoreña de Apopa (norte), José Elías Hernández, detenido el pasado fin de semana por un homicidio, negoció votos con pandilleros del Barrio 18 a cambio de prebendas, sostuvo hoy la Fiscalía del país centroamericano.

Hernández es acusado de ordenar el asesinato de un pandillero y formar parte de una estructura al interior de la alcaldía que daba "beneficios" a las pandillas a cambio de reducir los índices de violencia en la localidad, ubicada a 12 kilómetros al norte de San Salvador.

Según el fiscal del caso, cuya identidad no fue facilitada a la prensa por razones de seguridad, el alcalde "lo que prácticamente realizaba (en la estructura) era la negociación en cuanto a los beneficios y a solicitarles (a los pandilleros), en el momento oportuno, que votaran por él; eso fue parte de las negociaciones".

El edil, del principal partido opositor, también es acusado por agrupaciones ilícitas, amenazas, "expresiones de violencia contra la mujer" y posesión ilegal de piezas arqueológicas.

Este martes Hernández se desligó de las acusaciones y aseguró ser un "preso político".

"Yo me declaro preso político" y "solo porque somos de un partido de derecha nos han venido persiguiendo desde hace mucho tiempo, esto estaba planificado por la izquierda", dijo el alcalde por la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

El director de la Policía, Howard Cotto, reveló este martes que la alcaldía dirigida por Hernández financió y colaboró con las estructuras criminales.

Según Cotto, la Alcaldía "accedió" a la instauración de un tributo a comerciantes de la calle principal, "a fin de que parte de los ingresos fueran entregados a los pandilleros".

Supuestamente los Agentes Metropolitanos (CAM) "facilitaban el cobro de la extorsión al interior de los mercados" y varios pandilleros "trabajaron y cobraron en la Alcaldía durante un tiempo".

Además, a dichas estructuras "se les proporcionaba combustible" por aproximadamente medio millón de dólares y vehículos para "cometer delitos".

El fiscal del caso aseguró a la prensa que desde el domingo anterior fueron detenidas 32 personas de 97 involucradas en el caso, las mismas que fueron presentadas hoy ante el Tribunal Especializado B de la capital.

Otros 35 pandilleros encarcelados ya fueron informados de que son investigados en este proceso, entre los que se encuentran 13 líderes, principalmente del Barrio 18 recluidos en el centro penal de Quezaltepeque (noroeste).

Los cargos que se le acumulan a los pandilleros y a los trabajadores de la Alcaldía son 5 asesinatos, agrupaciones ilícitas, amenazas y organizaciones terroristas, este último solo a los miembros de pandillas.

Este sería el primer caso presentado ante la Justicia en El Salvador en el que una institución pública se ve directamente vinculada con la financiación y colaboración con las pandillas, a las que el Gobierno atribuye el aumento de la violencia en el país.

Las cifras oficiales de asesinatos en los primeros cinco meses del año dan cuenta de un incremento de los homicidios del 23,6 % respecto a 2015, que es considerado el año más violento de la historia reciente salvadoreña.

Entre enero y mayo de 2016 se registraron 2.706 muertes violentas, mientras que en el mismo lapso de 2015 se contabilizaron 2.188.