Guatemala, 8 jul (EFE).- Los abogados defensores de las víctimas de genocidio en Guatemala, del cual se acusa al exdictador José Efraín Ríos Montt, pusieron hoy en tela de duda el informe médico que asegura que el anciano militar “no es competente” para asistir o atender el proceso judicial.

El director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Francisco Soto, y el abogado de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), Edgar Pérez, coincidieron en declaraciones a Efe que el informe es “muy oficioso” y genera dudas.

Su desconfianza deriva de una parte del informe que señala que “no es pertinente” realizar nuevas evaluaciones al exdictador, ya que solo le significarían “un estrés más”.

“Todos en Guatemala tenemos un estrés postraumático por el genocidio”, manifestó Pérez, al asegurar que “no compartimos a priori el informe y en su momento lo vamos a refutar”.

Según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el general retirado de 88 años “no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales y no es capaz de contribuir en su propia defensa”.

Soto dijo que las víctimas y sus familiares siempre han respetado la salud de los imputados, pero también tienen derecho a que expertos de su confianza constaten el estado de salud de cualquier procesado.

Pérez manifestó también que genera dudas que la jueza Carol Patricia Flores ordenara el examen psiquiátrico aún cuando ese derecho le corresponde al Tribunal B de Mayor Riesgo que tiene programado comenzar el nuevo juicio contra Ríos Montt el 23 de julio.

“La jueza no tiene competencia para conocer ese proceso y parece muy oficioso que el experto del Inacif recomiende que no está en facultades de asistir al juicio cuando eso también le corresponde al Tribunal que lo va a juzgar”, sentenció Pérez.

Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013 por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles durante su régimen de facto (1982-1983), pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia por errores en el proceso y ordenó un nuevo juicio.

Junto al general retirado también debe ser juzgado su antiguo jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez, quien fue absuelto en el juicio de 2013.