Guatemala, 29 jul (EFE).- Uno de los miembros del grupo de abogados que defiende al exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt aseguró hoy que el equipo de letrados no ha recibido ninguna notificación sobre el traslado de su patrocinado a un sanatorio mental, pero se mostró respetuoso de acatar la ley.

«A mi en persona no me han notificado hasta este momento ninguna resolución», indicó a los periodistas el abogado Jaime Hernández, a su llegada a la residencia de Ríos Montt, ubicada en el sur de la capital.

En el lugar, fiscales del Ministerio Público (MP) y una unidad de la Cruz Roja están preparados para el traslado del anciano, juzgado por el supuesto genocidio de más de mil indígenas durante su gobierno (1982-1983).

Esta misma mañana el MP recibió la notificación para proceder «de manera inmediata» a la movilización del general golpista, de 89 años, al Hospital Carlos Federico Mora, en la zona 18 de la capital.

Hernández contó que la hija de Ríos Montt, la candidata a la Presidencia del país por la formación Visión con Valores (VIVA), Zury Ríos, lo llamó para que revisara una notificación en la que le avisan del traslado de su progenitor, para realizarle una nueva evaluación médica.

El letrado aseguró que su equipo agotó todos los recursos que podían presentar para evitar esta movilización y añadió que si al final no se ha podido paralizar, él mismo coordinará el traslado para que se haga respetando la salud de su defendido.

Hernández recordó que presentó un amparo ante la Oficina de Gestión Penal que todavía no ha sido resuelto, un extremo que puede impedir que el traslado se lleve a cabo de forma rápida.

«A pesar de que vamos a ser respetuosos de la ley queremos dejar claro (…) que ha sido una resolución atropellante, se ha violentado la ley de protección al adulto mayor», proclamó entre gritos, y apostilló que los artículos 3, 37 y 38 establecen que no se puede someter a una persona de la tercera edad, «en ningún momento, a una humillación como esta».

En este sentido, advirtió que los funcionarios y las personas que incumplan con este aspecto y sometan a alguna vejación a su defendido serán «sancionados».

«Si algo pasara a mi defendido serán responsables penalmente no solo el Tribunal, sino el MP», amenazó Hernández, ya que, a su juicio, «se arriesga la vida» de Ríos Montt, un principio fundamental en todas las legislaciones del mundo y al que las autoridades de Guatemala «han hecho caso omiso».

«¿Quién de los jueces que han ordenado este traslado permitirían o mandarían a sus familiares a ese lugar? ¿Quién lo haría? La respuesta es única e inequívoca», dijo alterado el abogado.

A pesar de las críticas, Hernández reconoció que serán respetuosos con la resolución, a la que calificó de «atropellante e ilegal a todas luces».

Ríos Montt enfrenta un juicio por la masacre de 1.770 indígenas ixiles y mayas a manos del Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

El exjefe de facto fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y deberes contra la humanidad, pero 10 días después el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), anuló la sentencia al argumentar irregularidades en el proceso judicial.

A 14.00 hora local (20.00 GMT) ingresó a la residencia del dictador la ambulancia que se dispone a realizar su traslado.