Panamá, 9 dic (EFE).- Un tribunal panameño abrió hoy una causa penal a cuatro exfuncionarios del anterior Gobierno (2009-2014) y a un empresario, imputados por la posible lesión patrimonial al Estado de 44,9 millones de dólares en la compra de comida deshidratada para escolares.

El caso se enmarca en la investigación por el delito contra la administración pública y otros delitos en perjuicio del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN), por supuestas irregularidades en el suministro de la comida deshidratada a escuelas públicas, informó este miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre los incluidos en la causa penal, con fecha de audiencia el 30 de mayo de 2016, están Giacomo Tamburrelli, exdirector del PAN; Ángel Famiglieti, exjefe de Nutrición de esta entidad; Gioconda Torres de Bianchini, excontralora de la República; Adolfo “Chichi” De Obarrio, antiguo secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, y el empresario Rubén De Ycaza.

El Juzgado Décimoquinto Penal, a cargo del juez Leslie Loaiza, abrió causa penal a Tamburrelli, actualmente en arresto domiciliario, Torres de Bianchini y Famiglieti por peculado, y a De Ycaza y De Obarrio por peculado y fraude en actos de contratación pública.

A Famiglieti se le dictó sobreseimiento definitivo en los cargos por corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, y a De Ycaza por los de estafa y falsificación de documentos.

Se mantiene la detención domiciliaria de Famiglietti y De Ycaza, mientras que Torres de Bianchini sigue con impedimento de salida del país sin autorización judicial.

El juez Loaiza dictaminó además sobreseimiento definitivo a los exministros de Educación y Obras Públicas Lucy Molinar y Fedérico Suárez, respectivamente, y a las exviceministras de la Presidencia y de Desarrollo Social María Fábrega y Marta Susana de Varela, en su orden, todos exmiembros de la junta directiva del PAN.

A estos cuatro ex altos funcionarios se les levantaron las medidas cautelares que les fueron impuestas de presentación periódica ante las autoridades y prohibición de salir del país.

En cuanto a De Obarrio, que al igual que Martinelli (2009-2014) está fuera del país, Loaiza pidió a las autoridades correspondientes gestionar las instrucciones para su captura, para iniciar de inmediato las diligencias respectivas.

También se fijó como fecha de audiencia ordinaria el próximo 30 de mayo de 2016, y para el 4 de julio la fecha alterna.

El pasado 23 de noviembre se realizó la audiencia preliminar de este caso, que duró unas 13 horas, luego de la cual Loaiza se acogió al término de ley (30 días) para la calificación del sumario.

El Ministerio Público (MP) estuvo representado en la audiencia preliminar por la Fiscal Segunda Anticorrupcióón, Vielka Broce.

Tamburrelli ha involucrado en este caso a Martinelli, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le inició una investigación relacionada.

La CSJ investiga por esta y otras cinco causas a Martinelli, quien salió de Panamá en enero pasado y está en Miami (EE.UU.), según sus abogados.