San Salvador, 30 mar (EFE).- La Sala de lo Constitucional del Supremo salvadoreño declaró hoy improcedente una demanda con la que se pretendía anular los artículos de una ley que impone multas a las telefónicas que no bloquean su señal en las cárceles, informó dicho órgano de Estado.

«Declárase improcedente la pretensión contenida en la demanda (…) mediante el cual solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del articulo 14 incisos 6º y 7º» de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión «por la supuesta vulneración» al articulo 3 y 12 de la Constitución, reza la resolución.

Según la fuente, el demandante expuso que dichos numerales vulneran la Constitución porque establecen «una infracción administrativa sancionada con multa prácticamente multimillonaria» que «omite un sistema de límites mínimos y máximos del monto de la sanción a aplicar».

Además, señaló que el artículo en cuestión «vulnera» los principios de culpabilidad, igualdad y proporcionalidad establecidos en la Constitución.

El artículo 14 de la referida ley prohíbe a las empresas de telefonía «brindar o prestar servicios de todo tipo de tráfico de telecomunicaciones en los espacios físicos donde están ubicados los centros penitenciarios, (…) por lo cual estarán obligados a adoptar todas las medidas técnicas que sean necesarias».

En los incisos impugnados impone una multa de 3.000 salarios mínimos mensuales, unos 755.100 dólares, «por cada día en que se incurra en una o más infracciones».

El Congreso salvadoreño aprobó esta norma el 18 de marzo de 2015 como una medida para combatir las extorsiones que las pandillas realizan principalmente desde las cárceles.

Las autoridades salvadoreñas han señalado en diferentes ocasiones que desde estos recintos los líderes de estás estructuras ordenan asesinatos, como el de once trabajadores perpetrado el pasado 3 de marzo en la localidad de San Juan Opico (noroeste).

Actualmente, siete de las 21 prisiones que tiene El Salvador se encuentran en estado de emergencia por 15 días, lo que implica la suspensión de las visitas y el encierro permanente de los presidiarios en sus celdas.

De acuerdo con los datos policiales, del 1 de enero al 9 de marzo pasado se registraron en El Salvador 1.621 homicidios, un 107 % más que en el mismo período de 2015.