San José, 24 ene (EFE).- La organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) pidió hoy a la Sala Constitucional de Costa Rica que se pronuncie pronto sobre el matrimonio homosexual, especialmente que resuelva una acción presentada en el 2016 por una pareja.

"Costa Rica, como país respetuoso del Derecho Internacional y del Estado de derecho, debe garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin discriminación por su orientación sexual o identidad de género. La Sala Constitucional tiene un rol trascendental en el control de esa garantía", indicó Cejil en un pronunciamiento.

En 2016 una pareja integrada por Jazmín Elizondo y Laura Flórez-Estrada presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14 del Código de Familia que establece el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por considerar atenta contra el principio de no discriminación.

Ellas dos se casaron en 2015 y su matrimonio fue inscrito debido a un error registral, pues una de ellas aparecía registrada como hombre, algo que aún no ha sido subsanado.

Cejil indicó hoy que la Sala Constitucional debe tomar en cuenta la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el pasado 9 de enero, en la que establece que los Estados deben "reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo", entre estos el matrimonio.

"Una decisión pronta a la acción interpuesta es indispensable para asegurar el acceso a la justicia y el efecto útil de los tratados internacionales que el país ha ratificado soberanamente", agregó la organización defensora de derechos humanos con sede regional en Costa Rica.

La opinión consultiva de la CorteIDH fue emitida tras una pregunta del Estado costarricense acerca de los derechos de la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).

Esta opinión, que también garantiza derechos como la identidad de género, fue recibida con alegría por el Gobierno de Costa Rica que la consideró como un impulso a sus políticas en favor de los derechos humanos.

El Gobierno notificó a los poderes del Estado para que en sus respectivos ámbitos definan los pasos a seguir para aplicar el criterio de la CorteIDH.

El Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene a su cargo el Registro Civil, conformó una comisión para que analice los alcances de la opinión consultiva y rinda un informe en una fecha aún no determinada.

El pasado 19 de enero la Dirección Nacional de Notariado de Costa Rica informó que los notarios públicos tienen, por el momento, prohibido realizar matrimonios entre homosexuales, mientras tanto no se produzca una reforma legislativa.

Esta decisión se produjo un día antes de que una pareja homosexual celebrara una boda, la cual fue pospuesta debido a ello.