Tegucigalpa, 12 feb (EFE).- Los quince nuevos magistrados de la Corte Suprema de Honduras, cuya elección duró 18 días, asumieron hoy para un mandato de siete años, durante los cuales los hondureños esperan al menos una justicia pronta e independiente de cualquier otro poder.
El nuevo presidente del Supremo, Rolando Argueta, dijo a periodistas que dedicarán "su mejor esfuerzo" y "tiempo posible al mejoramiento del poder judicial de Honduras".
Agregó que los hondureños pueden esperar de la nueva Corte Suprema de Justicia "muchísimo trabajo, dedicación, empeño y análisis para dar respuestas coherentes a la realidad en que vivimos, de tal manera que tengamos un poder judicial digno de admiración", de lo que no gozado el pleno saliente.
Argueta señaló que los jueces no se deben a otras entidades o principios que no sean la ley misma, y que los hondureños tendrán "una justicia rápida y expedita".
Dijo que pondrá sus conocimientos y capacidades "al servicio del país en pro de una justicia expedita y rápida como lo debe ser en todos los campos del derecho penal".
Para el trabajo que harán, Argueta indicó que se enmarcarán en los principios de objetividad, independencia e imparcialidad.
Los quince magistrados del Supremo de Honduras debieron haber sido electos el 25 de enero pasado, cuando concluía el mandato de los quince salientes, pero no fue posible por la falta de consenso entre los 128 diputados del Parlamento del país centroamericano, en el que tienen representación siete partidos políticos.
Los primeros ocho magistrados fueron electos el 28 de enero, mientras que tres el miércoles y cuatro el jueves pasados, tras seis votaciones.
Para elegir a los magistrados se necesitaba una mayoría de 86 votos de los 128 diputados.
La elección se hizo a partir de una lista de 45 candidatos que fue propuesta por una Junta Nominadora que conoció más 200 perfiles de aspirantes, propuestos por grupos de sociedad civil y por iniciativa propia.
De los tres poderes del Estado de Honduras, solamente el Judicial es electo para un período de siete años.
Los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo son electos para un mandato de cuatro años, que en la presente Administración iniciaron en enero de 2014.