Guatemala, 11 ene (EFE).- Amnistía Internacional (AI) calificó hoy de «vergonzosa» la decisión de aplazar el juicio especial por genocidio contra el exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, quien ya había sido procesado por ese caso pero una resolución judicial anuló la sentencia en 2013.

«La decisión de aplazar nuevamente el juicio (…) es una cachetada contra las víctimas que todavía intentan sanar las heridas de décadas de brutal guerra civil», dijo la entidad en una declaración pública entregada a Efe.

En opinión de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, la decisión es además «una nueva mancha» para el sistema de Justicia de Guatemala.

«Al permitir que Ríos Montt evada la justicia durante décadas, las autoridades de Guatemala han estado jugando un cruel juego con las decenas de miles de víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos que tuvieron lugar bajo su comando y sus familiares,» destacó Guevara-Rosas.

El tribunal «B» de Mayor Riesgo resolvió este lunes aplazar, hasta una fecha aún sin definir, el inicio del nuevo proceso contra Ríos Montt porque hay al menos cuatro recursos presentados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que la entidad debe resolver.

Ríos Montt, de 89 años, está acusado de ser el responsable de una matanza de indígenas mayas-ixiles durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983, por lo que este lunes debía iniciar un nuevo juicio en su contra por genocidio, aunque no se le podrá imponer una pena de prisión porque padece una demencia irreversible y degenerativa.

El exdictador está postrado en su cama, cada vez «más malito», ya que su enfermedad ha ido «aumentando» y «no es consciente» de lo que sucede a su alrededor, dijo este lunes a Efe uno de sus abogados, Jaime Hernández,

«A veces hilvana oraciones correctas, a veces no. No es consciente», enfatizó Hernández al describir el estado de salud del anciano.

El nuevo proceso «especial», por la muerte a manos del Ejército de 1.771 indígenas ixiles del departamento noroccidental de Quiché, iniciaría este lunes a puerta cerrada, sin los medios de comunicación y con la ausencia del exjefe de Estado, que debido a su delicado estado de salud sería representado por sus abogados.

El exmilitar ya había sido condenado en 2013 a 80 años de prisión por genocidio, pero días después el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, anuló la sentencia por considerar que existieron irregularidades en el proceso judicial.