San Juan, 23 abr (EFE).- La advertencia de que el Gobierno de Puerto Rico podría cerrar en tres meses por la falta de fondos fue interpretada hoy como una amenaza contra los legisladores que ponen trabas a la aprobación de una reforma tributaria que lleva meses discutiéndose y que busca la implantación del IVA.

El representante Waldemar Quiles, portavoz del opositor Partindo Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión cameral de Hacienda, tildó hoy la carta de «mecanismo de presión política dirigido a cuatro o a cinco legisladores populares» (del partido gobernante).

Sin embargo, en su opinión, únicamente logrará que «el mercado clasifique la deuda de Puerto Rico a los niveles más bajos de la historia».

«El mensaje que esto lleva es devastador. Los bonistas e inversionistas lo único que pensarán es que con el cierre del Gobierno, más de 140.000 empleados públicos se quedarán sin cobrar su sueldo. Esto tendrá un efecto dominó en la economía ya que la mayoría de los funcionarios dependen de su salario para el día a día», dijo.

Todo surgió con la filtración de una carta que la Junta de directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno de Puerto Rico, envió el lunes al gobernador y a los presidentes de ambas cámaras legislativas.

«Como agente fiscal y asesor financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es nuestro deber advertir que un cierre gubernamental es muy probable en los próximos tres meses», señala el BGF.

Añade que tras consultar al sector financiero, considera «remotas» las posibilidades de que el Gobierno pueda financiarse a través de una emisión de deuda, ante «las crecientes incertidumbres sobre las iniciativas fiscales del Gobierno», en especial la reforma contributiva.

Esta reforma, que estaba pensada para dar un giro radical al sistema tributario de la isla -donde existe una gran evasión fiscal-, para cargar el peso en los impuestos al consumo a través de la implantación de un IVA del 16 %, y dejar de cargar sobre las rentas de los trabajadores.

La idea era ponerla en marcha al inicio del próximo ejercicio fiscal, que arrancará el 1 de julio, pero lleva ya varios meses atascada en el Legislativo, donde se han propuesto todo tipo de cambios que hacen temer que lo que se apruebe finalmente poco tenga que ver con el proyecto inicial.

Así, se habla de cambiar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por una Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), aumentar notablemente el listado de transacciones y colectivos exentos del pago del nuevo impuesto y rebajar su porcentaje.

«Un cierre gubernamental tendría un impacto devastador sobre la economía del país, con recortes en nómina y en servicios públicos, con una recuperación dolorosa y de larga duración», destaca la carta del BGF, que ha sido recogida por medios estadounidenses, donde de seguro no ha ayudado a tranquilizar a los potenciales compradores de deuda.

Esa fue una de las principales observaciones de los legisladores que hoy se quejaron de lo que consideran un «chantaje», similar al emitido por el Gobierno a finales del año pasado cuando trató de presionar a los legisladores para aprobar una abrupta subida del impuesto sobre los carburantes.

Por entonces también se advirtió que podría ocurrir un cierre gubernamental que nunca llegó. La intención del Gobierno con ese impuesto, que se aprobó meses más tarde, era emitir deuda respaldada por esos ingresos.

Igualmente, el portavoz del partido gobernante en el Senado, Aníbal José Torres, también dijo hoy que no actúa por presión y aseguró el Ejecutivo también tiene culpa de la situación fiscal y la incertidumbre en los mercados.

«Creo que es un mecanismo de presión. Aquí no se trata de repartir culpas», dijo a la emisora NotiUno.