Guatemala, 3 may (EFE).- Los acusados de participar en el caso TCQ, una red de corrupción urdida en Guatemala para cobrar un soborno millonario a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal, buscaron hoy el sobreseimiento del proceso al argumentar que las acusaciones son infundadas.

Durante la vista de primera declaración, que ya se prolonga por más de una semana en el Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala, que preside el juez Miguel Ángel Gálvez, la defensa de los 12 implicados disponía hoy de su turno para echar abajo los argumentos de la Fiscalía.

El primero en tomar la palabra fue el directivo español Juan José Suárez, representante legal de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y acusado por la Fiscalía de corrupción, quien dijo que el caso en su contra es «una gigantesca y burda mentira».

Suárez, acusado de los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho activo, pidió a Gálvez declarar, después de haberse negado a ello el pasado viernes, según le reconoce la ley.

Según la investigación, TCQ pagó un soborno millonario de unos 30 millones de dólares para lograr la ampliación de Puerto Quetzal, de los que 24,5 estaban destinados a los socios locales (entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti), 5 a unos socios argentinos y 500.000 dólares para gastos.

El directivo español analizó durante una media hora un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de Guatemala sobre la portuaria y aseguró que las cifras ahí recogidas sobre los beneficios y los movimientos son erróneas, al igual que el caso en su contra.

Es un «despropósito» de estudio, dijo Suárez, quien agregó que no sabe si está mal realizado por «ignorancia o mala intención» pero, de todos modos, los «datos son falsos» al igual que el proceso, que es una «gigantesca y burda mentira».

TCQ, actualmente, es propiedad en un 85 % de la empresa holandesa APM Terminals y en un 15 % de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

La ampliación de Puerto Quetzal, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal.

En el mismo sentido se pronunciaron los abogados de Pérez Molina, Baldetti y Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia y pareja sentimental de una de las hijas del expresidente, quienes en sus alegatos tildaron de mentira la declaración del colaborador eficaz de la Fiscalía y ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, además de denunciar falta de mérito en los delitos.

Pero no solo en los Juzgados se analizó el tema TCQ. En el Congreso, el titular de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, anunció que presentará una denuncia contra todos los trabajadores de la institución que ahora dirige que por «acción u omisión» avalaron la firma de dicho contrato.

En este mismo sentido se pronunció la Procuradora General de la Nación (PGN), Eugenia Villagrán, que ya presentó una denuncia abierta contra cualquier posible implicado, así como contra 13 exministros del Gobierno de Pérez Molina y otro ex alto cargo de aquel Ejecutivo por avalar el proyecto.

El usufructo negociado con TCQ no es el único que hay en Puerto Quetzal, un hecho por el que el Gobierno pidió a la PGN analizar una treintena de contratos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para estudiar la legalidad de los mismos.

Mañana martes continuará en el Juzgado la audiencia de primera declaración de los 12 imputados, mientras que otros 6 continúan prófugos de la Justicia y con una orden de captura internacional.

Mientras, el Congreso conformó, con cuatro diputados opositores y uno oficialista, la comisión que deberá evaluar si hay indicios para retirarle la inmunidad al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Douglas René Charchal.

El antejuicio fue solicitado con el argumento de que Charchal hizo todos los trámites para que TCQ no tuviera que pagar por una licencia de construcción.

Con el fin de conservar su inmunidad, Charchal presentó este mismo martes un recurso ante la Corte de Constitucional (CC), que deberá dirimir si lo acepta o no.