Guatemala, 6 jul (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala admitió hoy un amicus curiae presentado por el Colegio de Abogados de Estados Unidos en el que solicita que el proceso penal en el caso por genocidio contra la etnia maya ixil sea público en una de sus partes.

Una fuente de la corte explicó a Efe que la petición fue admitida y en esta se pide que el proceso contra el jefe de inteligencia del exdictador José Efraín Ríos Montt, José Mauricio Rodríguez Sánchez, se celebre a puertas abiertas.

Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad, afrontaban un juicio a puerta cerrada debido al delicado estado de salud del exdictador, pero el pasado 4 de mayo una sala de apelaciones resolvió, primero de forma temporal y luego definitiva, suspender el proceso, al considerar que se debían celebrar por separado.

Ríos Montt (1982-1983) ha sido declarado mentalmente incapaz para enfrentar a la Justicia y en el debate, en el que no podrá ser condenado a penas de cárcel, era representado por sus abogados, mientras que Rodríguez sí asistía al nuevo juicio que se inició en marzo pasado en el Tribunal B de Mayor Riesgo.

Ríos Montt y Rodríguez están acusados del asesinato de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché entre 1982 y 1983.

El 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo sentenció al exdictador a 80 años de prisión al hallarlo culpable de genocidio y absolvió a Rodríguez de los cargos imputados.

Sin embargo, por errores en el proceso la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la condena y ordenó un nuevo juicio.

En el informe presentado por el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés), se resalta que las normas jurídicas internacional creen necesario que un juicio de estas características sea de carácter público.

«La posición del ABA es consistente con unos de sus cuatro objetivos principales: el de avanzar el Estado de Derecho a nivel mundial, lo cual incluye la búsqueda de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos», manifestó la entidad en un comunicado entregado a Efe.

En el mismo escrito, el ente dice que hay sectores de la sociedad guatemalteca que «todavía niegan la ocurrencia de muchas de las violaciones y la existencia de un genocidio durante el conflicto interno».

«En ese contexto, la divulgación pública de la verdad judicial sobre los hechos puede tener un efecto inconmensurable para restablecer el tejido social y evitar la repetición de las violaciones», concluyó la entidad.

Una de las personas que recientemente se ha negado a admitir que durante el conflicto armado interno (1960-1996) en Guatemala existió genocidio fue el presidente del país, Jimmy Morales, quien el pasado lunes rehusó emplear el término «genocidio» para referirse a ese período que dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

«Serán las cortes las que tendrán que decirnos si hubo o no hubo algo en Guatemala (…) que sea la Justicia sin presión de ninguna otra entidad la que nos pueda decir qué es lo que ha sucedido en Guatemala», señaló el mandatario ese día a la prensa.