Foto de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo, y la primera dama Lilia Paredes. EFE/Aldair Mejía

Lima, 29 sep (EFE).- El Poder Judicial de Perú evaluará este jueves el pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes, mientras es investigada como presunta coordinadora de una organización criminal en el Gobierno, bajo el supuesto liderazgo del presidente Pedro Castillo.

En una audiencia pública, programada para las 9:30 hora local (14:30 GMT), el juez Raúl Justiniano resolverá la solicitud que presentó el Ministerio Público contra Paredes por supuestamente integrar una red corrupta encargada de adjudicar obras públicas a cambio de dinero.

Desde primera hora de la mañana decenas de efectivos policiales se desplegaron en los alrededores de la sede del Poder Judicial, en el centro de Lima, aunque el abogado de Paredes, Benji Espinoza, adelantó al diario La República que la primera dama seguirá la audiencia de manera virtual y no acudirá presencialmente.

El pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país contra Paredes se conoció el pasado 22 de agosto y se extiende a sus hermanos Walter y David Paredes, quienes supuestamente también están implicados en esta presunta red corrupta que opera en el Gobierno.

En esta organización, siempre según la versión fiscal, también están presuntamente involucrados otros miembros del Ejecutivo y la hermana menor de la primera dama, Yenifer Paredes, quien fue criada como una hija por la pareja presidencial y hoy está bajo arresto.

Por este caso también está siendo investigado el empresario Hugo Espino, quien confesó ante la Fiscalía que coordinó con Lilia y Yenifer Paredes, en el Palacio de Gobierno, un acuerdo para ser testaferro de la familia de Castillo y recibió depósitos de dinero de ellos y pagó sobornos para adjudicarse obras de infraestructura con el Estado, según reveló un medio local.

Castillo tiene abiertas en su contra seis pesquisas preliminares del Ministerio Público, que lo investiga por supuestamente encabezar esta red corrupta, así como por la licitación para la compra de biodiésel para la estatal Petroperú.

También por el presunto encubrimiento de los prófugos Juan Silva, exministro de Transportes, y su sobrino Fray Vásquez, denunciados por participar en las coordinaciones de esta presunta organización criminal.

Asimismo, el mandatario es investigado preliminarmente por presuntas irregularidades en ascensos policiales y militares y por el supuesto plagio de su tesis de maestría.

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