Vista de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en una fotografía de archivo. EFE/ Jeffrey Arguedas

San José, 4 oct (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este martes al Estado de Brasil por la impunidad en que se encuentra el asesinato del defensor de derechos de los trabajadores Gabriel Sales Pimenta, crimen ocurrido en 1982.

La Corte IDH notificó este martes a las partes la sentencia, en la que encontró al Estado de Brasil responsable internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, el derecho a la verdad y la integridad personal en perjuicio de los familiares de Sales Pimenta.

Los jueces determinaron que existen “graves falencias del Estado en las investigaciones sobre la muerte violenta y la situación de absoluta impunidad en que se encuentra el homicidio hasta la actualidad” y afirmó que “Brasil no cumplió con su obligación de actuar con la debida diligencia reforzada en la investigación del homicidio”.

Sales Pimenta era un joven de 27 años al momento de su muerte y ejercía como abogado del Sindicato de Trabajadores Rurales de Marabá, representante de la Comisión Pastoral de la Tierra y fundador de la Asociación Nacional de Abogados de los Trabajadores en la Agricultura y participó activamente en movimientos sociales.

“El 18 de julio de 1982, Sales Pimenta, como consecuencia de su labor de defensor de derechos humanos, recibió tres disparos de arma de fuego cuando salía de un bar con amigos en la ciudad de Marabá, en el sur de Pará, y murió de manera instantánea”, estableció la Corte IDH.

En un inicio hubo tres sospechosos pero no fue hasta el año 2000 que se presentó la acusación contra uno solo de ellos. En 2006 el caso fue declarado prescrito.

“Hay falencias graves que reflejan una absoluta falta de debida diligencia de Brasil en procesar y sancionar a los responsables del homicidio de Gabriel Sales Pimenta y esclarecer las circunstancias de esta, pese a la identificación de tres sospechosos y la existencia de dos testigos oculares y otros medios de prueba que se encontraban a disposición de las autoridades estatales desde un inicio”, detalló la Corte IDH.

La Corte IDH concluyó que este caso se enmarca “en un contexto de impunidad estructural relacionado con las amenazas, homicidios y otras violaciones de derechos humanos contra los trabajadores rurales y sus defensores en el estado de Pará”.

Adicionalmente, los jueces concluyeron que “la negligencia grave de los operadores judiciales en la tramitación de proceso penal permitió que operara la prescripción y fue el factor determinante para que el caso permanezca en una situación de absoluta impunidad”.

La Corte ordenó al Estado crear un grupo de trabajo con la finalidad de identificar las causas y circunstancias generadoras de la impunidad y elaborar líneas de acción que permitan subsanarlas; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y crear un espacio público de memoria en la ciudad de Belo Horizonte, en el cual se valore y se proteja el activismo de las personas defensoras de derechos humanos en Brasil.

Además, los jueces ordenaron crear e implementar un protocolo para la investigación de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, y revisar y adecuar los mecanismos existentes, en particular el Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas.

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