Washington, 2 ago (EFE News).- Neisa Ortega, una inmigrante legal que alega haber sufrido abuso sexual por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que durante las inspecciones corporales invasivas a que la sometieron la separaron de su hija adolescente, demandó hoy lunes a esa agencia.
"No hubo razones de inmigración para la detención, y las autoridades tampoco han explicado por qué fue detenida e inspeccionada", dijo a Efe la abogada Arielle Sharma, que presentó la demanda ante el Tribunal Federal para el Distrito de Massachusetts.
Según la demanda, a partir abril de 2019 los agentes de CBP "han agredido y degradado a Ortega repetidas veces, penetrando físicamente su vagina con los dedos en tres ocasiones diferentes" en el Aeropuerto Logan de Boston cuando la mujer retornaba de visitas familiares en la República Dominicana.
Estas detenciones e inspecciones corporales invasivas ocurrieron "a pesar de que nada sospechoso, y mucho menos criminal, se encontró en su persona o su equipaje", añadió.
La demandante afirma que fue detenida e inspeccionada corporalmente otra vez por CBP en septiembre de 2019 y en agosto de 2020, y que en el curso de esas inspecciones las autoridades no encontraron contrabando.
En el curso de las inspecciones los agentes separaron a Ortega de su hija de 14 años de edad "por horas, durante las cuales a ninguna de las dos se le dio información sobre el paradero de la otra", indicó la demanda. "La experiencia fue traumática y deshumanizante para Ortega y su hija".
Sharma dijo que estas acciones son "un abuso de poder impresionante”, y que “CBP violó y traumatizó repetidas veces a una mujer inocente y a su hija".
"Demasiado a menudo las mujeres de color son sometidas a un escrutinio excesivo y la inspección invasiva", añadió. "Este tratamiento discriminatorio debe terminar".
"Vemos que las mujeres de color en todo el país, como Ortega, se resisten con valor a la pauta inquietante de inspecciones corporales invasivas por parte de CBP, y exigen que la agencia rinda cuentas por su conducta ilegal e inconstitucional", señaló Reena Parikh, directora de la Clínica de Derechos Civiles y abogada que también representa a la demandante. EFE News
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