Raleigh.- El juez federal William A. Webb respaldó la demanda contra las autoridades de Inmigración (ICE), interpuesta por la Asociación de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte que representa a un ciudadano estadounidense quien fue erróneamente deportado a México en 2008.

El magistrado recomendó seguir adelante con el proceso judicial, pese a una moción del gobierno estadounidense que exigía dimitir el caso de Mark Lyttle, un hombre de descendencia puertorriqueña y que sufre cierto retraso mental.

La demanda, interpuesta en octubre de 2010 en el distrito Este de Carolina del Norte, del Departamento de Justicia estadounidense, detalla el maltrato que sufrió Lyttle, que luego de ser expulsado del país, fue consecutivamente deportado de México, Honduras, Nicaragua y Guatemala. La presunta víctima de este fallo en el sistema de inmigración debió pasar cerca de cuatro meses alternando su estadía en prisión, albergues e incluso viviendo en las calles, hasta que finalmente retornó con su familia al hogar que posee en Carolina del Norte.

“Lo que el gobierno a hecho con Mark Lyttle, uno de sus propios ciudadanos, escapa a la razón”, dijo la abogada Katy Parker, directora legal de ACLU. “Pese a que él nació en Carolina del Norte, los oficiales de inmigración apenas hicieron los esfuerzos para confirmar su identidad. Todo lo contrario, este pobre hombre fue enviado a un país donde no hablaba el lenguaje (español), causándole un severo daño emocional”.

ACLU recordó además que el problema de Lyttle empezó antes de ser liberado de una prisión norcarolina, donde había cumplido una breve sentencia por tocar inapropiadamente a una compañera de trabajo.

Pese a las evidencias de que Lyttle no era mexicano, las autoridades del Departamento de Prisiones lo derivaron a ICE que posteriormente lo deportó a México.

Frente a lo sucedido, el juez Webb declaró el lunes en corte que lo sucedido con Lyttle era “extremo y atroz” y que el destierro forzado al que fue sometido “escapaba de los límites de la sociedad”.

El magistrado agregó que las autoridades de ICE violaron sus derechos de “manera deliberada en la ejecución de sus funciones”.