Raleigh, (Rafael Prieto/José Vicente Bernabeu).-  Una serie de correos electrónicos internos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del año 2012 muestran que la agencia federal fijó cuotas para la deportación de indocumentados en el área del sureste donde sus agentes participaron en retenes policiales y se asociaron con agencias estatales para detener e identificar a inmigrantes sin papeles.

Los “e-mails”, que fueron obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte, mediante la ley de libertad de información, indican que funcionarios de ICE desarrollaron un plan para aumentar las expulsiones del país por considerar que el número de deportados en la primavera del 2012 era menor al de 2011. 

En un correo, fechado el 4 de mayo de 2012, se pide “relocalizar todos los recursos disponibles, con el fin de lograr la meta de remociones del programa de (indocumentados) criminales” y agrega que las deportaciones de la oficina regional de Atlanta, que incluye Georgia y las Carolinas , registran para esa fecha 1,200 individuos menos que el año previo.

Retenes y asociación con DMV
Según los correos, el proyecto de ICE contemplaba participar en retenes policiales de tráfico con el fin de arrestar a indocumentados “criminales” que carecieran de licencias de conducir. Además, establecer cooperación con los departamentos de vehículos motorizados para que estos provean listados de deportados potenciales.
“Las operaciones de fugitivos (de ICE) participaban con el Condado de Mecklenburg durante retenes de tráfico en 2007”, señala el documento “Iniciativas de aprensión”, revelado junto con los correos electrónicos, que sugiere retomar esas acciones.

El mismo documento propone que se establezca contacto con la División de Vehículos Motorizados (DMV) de Carolina del Norte, que “ha sido fundamental en ayudar al Equipo de Operaciones de Fugitivos de Raleigh”.
Se sugiere que el DMV provea “todas las licencias que se han negado para renovación”, con el propósito de arrestar a indocumentados y recomienda que los agentes y oficiales de ICE pidan a los magistrados y fiscales que logren condenas para los indocumentados en lugar de que se les desechen los cargos, para que se les clasifique como criminales.

ICE se contradice
La información de los correos contradice las directivas dadas por John Morton, director de ICE, quien dispuso no fijar cuotas de deportaciones y dar prioridad a la expulsión de criminales.
Para el abogado Marty Rosenbluth, director del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de Carolina del Norte, los correos prueban el “doble discurso” de ICE.

“Esto confirmaría que en contra de las directivas aprobadas, ICE sí que tiene un objetivo numérico de deportaciones” dijo Rosenbluth, quien facilitó los documentos a Qué Pasa.

“Se supone que, según las directivas comenzadas hace ya tres años, la policía no debe priorizar con personas que vivan mucho tiempo en el país, ni que tengan hijos ciudadanos ni lazos con la comunidad…pero todo son mentiras, aprueban una directiva tras otra y no cumplen con ninguna”, dijo.

De ICE al negocio de las cárceles
La mayoría de los correos electrónicos obtenidos por ACLU aparece como remitente y/o destinatario David Venturella, exfuncionario de ICE que supervisó el programa de Comunidades Seguras que identifica a indocumentados en las cárceles del país.

Los curioso es que Venturella ahora es ejecutivo de la Corporación Geo, que opera cárceles privadas donde se retiene a inmigrantes en varias ciudades de Estados Unidos, de acuerdo a la información que aparece en su perfil público de la red social LinkedIn.

Vocero desvirtúa las acusaciones
El vocero del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para la zona Sureste, Vincent Picard, desvirtuó los correos electrónicos y aseguró a Qué Pasa que pocas de las directivas de David Venturella fueron ejecutadas por los oficiales en el área regida por la oficina de Atlanta.

“Durante los últimos cuatro años, esta adminsitración se ha dedicado fundamentalmente a cambiar su política de inmigración”, dijo Picard. “ICE se ha concentrado en un refuerzo inteligente que prioriza las deportaciones de criminales extranjeros, personas que han cruzado la frontera recientemente y violadores de la ley de inmigración”, enfatizó.

Según Picard, del total de deportados en el campo de operaciones de Atlanta (cuya jurisdicción incluye Carolina del Norte) el 75% eran criminales convictos y un 66% de ellos de alta peligrosidad.