Por Raul Pinto.- El continuo debate acerca de como extender el privilegio de manejo a inmigrantes indocumentados en Carolina del Norte es un tema complicado. Inmigrantes, igual como otras personas, necesitan manejar legal y seguramente para llegar a sus trabajos, ir a la escuela, cuidar de sus familias, y contribuir a sus comunidades.

Por estas razones, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) está vigorosamente a favor de ofrecer licencias de manejo a todos los conductores que califiquen, sin importar el estatus migratorio. Pero lo que no podemos apoyar es una medida que otorgue un permiso de manejo a cuesta de renunciar a los más básicos derechos civiles.

La propuesta HB 786, un projecto de ley introducido en la Asamblea General por el Rep. Harry Warren (R-Rowan), dice que la policía estará obligada a chequear el estatus migratorio de cualquier persona que sea detenida o arrestada por cualquier razón.

Como hemos visto en Arizona, este tipo de ley inevitablemente promueve el uso del perfil racial para ejecutar la ley, permitiendo que agentes policiales detengan y acosen a individuos por su color de piel o estereotipos en vez de evidencia.

Esta propuesta también haría más difícil para que una persona indocumentada que haya sido arrestada tenga el derecho a fianza hasta por ofensas menores de tránsito, obligaría a personas indocumentadas que son arrestadas pagar el costo de sus detenciones, y además permitiría a agencias policiales confiscar los automoviles de personas indocumentadas y otros en caso de ser detenido.

Adicionalmente, la HB 786 ofrece solamente un permiso de manejo anual, no una licencia regular. Por otro lado, el projecto de ley HB 915, introducido en la legislatura por la Rep. Susan Fisher (D-Buncombe), ofrecería una licencia de conducir regular a cualquier persona que califique, sin importar el estatus migratorio, y sin imponer las severas medidas anti-inmigrantes modeladas de acuerdo a la ley de Arizona que permiten a la policía detener y acosar a personas que sospechen están en el país ilegalmente.

Es entendible que la comunidad inmigrante, desesperada por la oportunidad de manejar legalmente, esté dispuesta a llegar a un compromiso en este tema.

Pero la HB 786, no es el compromiso adecuado. Es una ley severa que castiga a la comunidad inmigrante y legaliza el acoso y la discriminación contra las personas que le parecen indocumentados en los ojos de la policía.

La HB 915, una mejor propuesta, le daría una licencia regular en vez de un permiso de manejo a la comunidad indocumentada sin darle a la policía la extra autoridad de violar los derechos de inmigrantes y de residentes por igual.

Juntos, debemos asegurar que la gente no renuncie a sus derechos civiles antes de recibir un permiso de manejo.

Si usted piensa que sus derechos civiles han sido violados, llámenos al 919-834-3466. Se habla español. Para más información, visite la página web www.aclu.org/plates.

Raul Pinto es abogado de la ACLU