Washington, 20 nov (EFEUSA).- El futuro de cinco millones de indocumentados de Estados Unidos depende ahora de una pronta decisión del Tribunal Supremo y del próximo presidente, con poder para borrar por siempre las medidas migratorias que Barack Obama decretó hace hoy un año.
El mandatario se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio y, al no conseguirlo, hoy decidió llegar a lo más alto del sistema judicial para defender las acciones ejecutivas que decretó el 20 de noviembre de 2014 para frenar la deportación de jóvenes indocumentados y padres con niños estadounidenses.
Para varios expertos, el tiempo será el factor clave en la afilada batalla judicial y política que sobre este asunto librarán en los próximos meses demócratas y republicanos.
El analista judicial Lyle Denniston cree que a Obama "se le hace tarde" para que los nueve jueces del Supremo consideren el caso en este periodo de sesiones y emitan una decisión el próximo junio, cuando quedaría un mes para que los partidos eligiesen a sus candidatos para los comicios presidenciales de noviembre de 2016.
"Por lo general, si un caso no se admite a trámite a finales de enero, o sea, dentro de tres meses, eso quiere decir que no habrá tiempo para que sea tratado de la manera habitual con una decisión a finales de junio", advirtió Denniston, que como periodista cubrió durante medio siglo el Tribunal Supremo.
Cada año, la máxima instancia judicial del país recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.
Consciente de ello, en su recurso, el Gobierno pidió al Supremo que "encarecidamente" garantice "la inmediata revisión" del caso por su "enorme importancia" y "el irreparable daño" que el retraso de la implementación de las medidas causará a sus posibles beneficiarios, cinco de los 11 millones de indocumentados que hay en el país.
"Hay poco tiempo, pero de ninguna manera es imposible. Pronto todas las miradas estarán en el Supremo y en si la corte acepta revisar este importante caso", dijo a Efe Tom Jawetz, vicepresidente de políticas migratorias de la organización Center for American Progress y antiguo asesor legal en el Congreso.
Después de que la corte acepte el caso, según Denniston, se abre un periodo de cien días para que presenten sus argumentos el Gobierno y la coalición de 26 estados, gobernados por republicanos y que provocaron el bloqueo de las medidas de Obama el pasado febrero.
Estos 26 estados, liderados por Texas, argumentan que las acciones son inconstitucionales y han recibido el respaldo de un juez texano, así como del tribunal de apelaciones encargado de ese distrito, con sede en Nueva Orleans, que este mes decidió mantener la suspensión del "alivio" migratorio.
"La coalición de 26 estados podría tratar de ralentizar el caso", alerta Denniston.
Si el Supremo da luz verde a Obama, el mandatario podría comenzar a implementar las medidas, expedir permisos de trabajo o licencias de conducir y dificultar así que el próximo presidente, elegido en noviembre de 2016, pueda dar marcha atrás a las medidas, si lo decide, cuando asuma el cargo en enero del año siguiente.
"Fortalecer a nuestras familias significa mantenerlas juntas", dijo hoy en Twitter la aspirante a la nominación demócrata, Hillary Clinton, que se ha comprometido a proteger y ampliar las acciones ejecutivas de Obama, igual que sus dos contrincantes, el senador Bernie Sanders y el exgobernador Martin O'Malley.
En el bando republicano, con 14 aspirantes en liza, la oposición a las medidas migratorias la lidera el magnate Donald Trump, que ha prometido deportar a los 11 millones de indocumentados del país y construir un muro en la frontera con México para evitar la entrada en EEUU de "delincuentes".
"El recurso del Gobierno garantiza que el tema migratorio seguirá en el debate público y está claro que es un tema que políticamente beneficia a los demócratas y al presidente", señaló a Efe el analista Roberto Izurieta, profesor de la Universidad George Washington.
Para Izurieta, el debate político sobre inmigración divide y perjudica a los republicanos de cara a las elecciones generales, donde el candidato elegido tendrá que apelar a un público más amplio y más favorable a una reforma migratoria que las bases del Partido Republicano, a las que ahora se dirige Trump en las primarias.
Los nueve jueces del Supremo, con cargos vitalicios, ya han respaldado a Obama en otros temas cruciales para su legado, como la reforma sanitaria, pero nada puede aventurarse sobre su decisión, que de seguro será leída por demócratas y republicanos como una victoria o derrota política de cara a las elecciones de 2016. EFEUSA