Las nuevas Guías para el Cumplimiento de la Ley de Inmigración Civil requieren la protección de los derechos y libertades civiles. Credit: Cortesía

Charlotte. – En 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicará las prioridades de arresto y deportación de inmigrantes que entraron en vigencia el 29 de noviembre de 2021  y que fueron anunciadas por el secretario Alejandro Mayorkas el 30 de septiembre del año pasado.

No obstante, el DHS advierte que es prioridad la captura y expulsión del país de quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma irregular.

Igualmente, las prioridades de deportación se enfocan en los inmigrantes que sean un peligro para la seguridad pública, cometan delitos y sean criminales reincidentes.

Reconocimiento a los inmigrantes

El anuncio de Mayorkas de septiembre remarcó que el hecho que un individuo no sea ciudadano no lo convierte en deportable solo por su condición migratoria irregular.

Las nuevas prioridades reconocen que la mayoría de los más de 11 millones inmigrantes indocumentados en Estados Unidos han sido miembros contribuyentes de las comunidades en todo el país durante años.

Discreción procesal

“Por primera vez, nuestras pautas en la búsqueda de la seguridad pública requerirán una evaluación del individuo y tomarán en cuenta la totalidad de los hechos y circunstancias”, dijo Mayorkas.

La discreción es el concepto que los oficiales de ICE tendrán que ejercer con una guía que da valor a los inmigrantes.

“Al ejercer esta discreción, nos guiamos por el conocimiento de que hay personas en nuestro país que han estado aquí durante generaciones y han contribuido al bienestar de nuestro país, incluidos aquellos que han estado en la primera línea de la batalla contra el Covid, lideran las congregaciones de fe y enseñar a nuestros hijos”, apuntó el secretario.

Protección de derechos

Las nuevas Guías para el Cumplimiento de la Ley de Inmigración Civil requieren la protección de los derechos y libertades civiles.

La raza, religión, género, orientación sexual o identidad de género, origen nacional, asociaciones políticas o ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda de un no ciudadano no pueden ser factores para decidir la toma medidas en su contra.

Las instrucciones recomiendan evitar la detención de inmigrantes que hayan participado en manifestaciones de protesta.

También indican que se debe obviar el arresto de inquilinos que hayan denunciado a arrendadores irresponsables o la aprehensión de trabajadores que hayan informado sobre empleadores inescrupulosos.

Contra los abusos

Las prioridades de Mayorkas determinan que los patrones también serán foco de los funcionarios de ICE si incumplen la ley.

Las pautas dejan en claro que la autoridad de aplicación de la ley de inmigración no se utilizará como un instrumento de empleadores sin escrúpulos que buscan explotar el estado migratorio de sus empleados.

Demandas

Los fiscales generales de Arizona, Montana y Ohio, de filiación republicana, demandaron al DHS en otoño por la expedición de las nuevas prioridades de inmigración.

Esta fue la segunda querella de Arizona y Montana contra la administración de Biden por asuntos migratorios. En abril, un juez negó un pedido de prohibir al gobierno federal hacer una pausa en las deportaciones.

La experiencia

El anuncio de Mayorkas marcó un giro total de lo que fueron las prioridades durante la administración del expresidente Donald Trump, cuando todos los inmigrantes indocumentados sin distinción se convirtieron en prioridad para la expulsión del país.

No obstante, la experiencia marca que unas son las órdenes bien intencionadas de un mandatario o un funcionario de alto rango, y otras las acciones de oficiales de mandos medios y agentes de base.

En la administración del expresidente Barack Obama se establecieron prioridades de deportación que proponían expulsar a los criminales y proteger a padres y madres de familia de comportamiento ejemplar.

Sin embargo, los agentes de ICE, incluyendo los de Carolina del Norte, constantemente desobedecieron las órdenes del primer mandatario y las prioridades determinadas por escrito por los encargados de las agencias.

En 2010, el jefe del sindicato de empleados de ICE, Chris Crane, declaró en rebeldía a los 7 mil empleados del Sindicato de ICE contra el director John Morton por haber emitido un memorando de discreción procesal de prioridades el 30 de junio, como el presentado por Mayorkas en septiembre.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *