Programa de deportaciones
Los 14 condados que empiezan operando bajo el 287g tendrán elecciones en 2022. Credit: Costesía

Charlotte. – El año 2022 comienza con 15 localidades de Carolina del Norte donde opera el programa de deportaciones 287g, que pese a la promesa de campaña del presidente Joe Biden de “poner fin a todos los acuerdos suscritos por la Administración (de Donald) Trump”, siguen funcionando en el estado.

14 alguaciles

Un total de 14 agencias, que administran los contratos de cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para expulsar inmigrantes del país, son oficinas de alguaciles condales y una es una cárcel distrital.

Los 14 sheriffs que deciden autónomamente sobre la permanencia o desaparición del programa de remociones en sus condados norcarolinos tendrán elecciones en 2022.

La sección 2 del artículo séptimo de la Constitución de Carolina del Norte prescribe que los comicios de alguaciles se realicen cada cuatro años y este año es cierre de ciclo.

Se prevé que las elecciones primarias se realicen el 17 de mayo y las elecciones generales el 8 de noviembre.

Condados rurales

No obstante, a menos que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, ordene a ICE la cancelación de los contratos con los alguaciles, firmados la mayoría (13) en 2020, el 287g continuará actuando en 14 de los cien condados de Carolina del Norte.

“Casi todos los condados en los que está actualmente el 287g son rurales, con mayoría de votantes republicanos. Así que no hay perspectivas de cambios”, dijo Stefanía Arteaga, directora regional de estrategia de derechos de los inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte.

Durante el 2021, no hubo ningún nuevo acuerdo para que funcionara el 287g en Carolina del Norte.

Programa de Servicio de Captura

Sin embargo, en 2020, durante el último año de la administración de Trump, 12 condados firmaron nuevos contratos con ICE bajo el Programa Oficial de Servicio de Captura (WSO).

Mediante el  programa WSO, lanzado en la primavera de 2019, agentes locales pueden entregar órdenes administrativas federales de arresto dentro de las cárceles y transferir a los detenidos a la custodia de ICE.

En su anuncio ICE indicó que el programa estaba destinado a contrarrestar las “políticas de santuario”, que de acuerdo con los proinmigrantes buscan proteger a la población indocumentada de abusos.

“La agencia de ICE nunca ha titubeado en engañar al público si esto le ayuda a exagerar el alcance permitido por la ley, y este nuevo programa no es una excepción”, señaló el Centro de Recursos Legales de los Inmigrantes (ILRC).

Aplicación en la cárcel

Las oficinas del sheriff de Cabarrus, Gaston y Henderson mantuvieron el modelo de aplicación en la cárcel en sus contratos del 287g con ICE, que permite que agentes de los alguaciles actúen como oficiales de inmigración para procesar a los indocumentados para deportación en los centros de detención.

La rebelión de 2018

En los condados más grandes de Carolina del Norte no opera el 287g debido a que en los comicios del 6 de noviembre de 2018, los ciudadanos de las cinco urbes más pobladas del estado y la más importante del oeste eligieron, con unos márgenes de votación sobre sus contrincantes sólidos e inobjetables, a alguaciles afroamericanos y demócratas.

Los sheriffs de los condados donde se ubican Charlotte, Raleigh, Greensboro, Winston-Salem, Durham y Asheville determinaron no colaborar incondicionalmente con ICE en la entrega y procesamiento de inmigrantes indocumentados para su deportación.

La retaliación

Pero, la decisión de los alguaciles provocó fuertes reacciones de funcionarios de ICE, autoridades de la Administración de Trump, legisladores federales y estatales republicanos.

El primero en contestar fue el entonces director de la oficina de ICE en Atlanta, que tenía jurisdicción sobre las Carolinas, Sean Gallagher.

“Es una invitación abierta a los extranjeros que cometan crímenes”, dijo Gallagher, que amenazó con realizar redadas y cumplió arrestando a 200 indocumentados en febrero de 2019, después que los alguaciles Garry McFadden, de Mecklenburg  y Gerald Baker, de Wake, cancelaran el 287g en sus jurisdicciones, en diciembre de 2018.

Proyectos de Ley

Un grupo de legisladores republicanos estatales presentó el proyecto de ley HB370 que forzaba a los sheriffs a colaborar con ICE.

Aunque la propuesta fue aprobada en las dos cámaras de la Legislatura Estatal, el gobernador Roy Cooper la vetó, diciendo que tenía el propósito de “castigar a los alguaciles que hicieron campaña con la promesa de tratar a las personas indocumentadas de manera justa bajo la ley”.

El senador federal republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, introdujo en el Capitolio en Washington un proyecto de ley, que obligaría a las agencias de la ley federales, estatales, locales y tribales a retener obligatoriamente a los indocumentados que se hallen en su custodia para que sean entregados a ICE.

Objetivo McFadden

McFadden, aparte de recibir amenazas diarias de todo tipo, fue objeto de ataques verbales del expresidente Trump; del exvicepresidente, Mike Pence; del exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli; del exdirector de deportaciones de ICE, Tim Robbins; del fiscal federal de Distrito, Andrew Murray, del congresista republicano, Dan Bishop y del propio Tillis.

Antecedentes

El programa 287g fue creado por sección que lleva su nombre de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996.

“Ha sido costoso para las localidades, históricamente se ha dirigido a personas con poco o ningún historial criminal y ha dañado la relación entre la policía y las comunidades locales”, asegura el Consejo Americano de Inmigración (AIC).

Desde 2006 hasta 2018, el 287g impulsó el procesamiento para deportación de 17 mil indocumentados, el 97 por ciento latinos, desde la cárcel central de Charlotte.

En Wake, el 287g originó, entre 2007 y 2018, la expulsión del país de 10 mil inmigrantes.

El gobierno federal gastó 532 millones de dólares en el 297g, entre 2006 y 2019.

La promesa

La promesa del actual presidente de poner fin a los acuerdos históricos del 287g fue hecha en el verano de 2020 en el documento: La Agenda de Biden para la Comunidad Latina.

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