Raleigh.- Aunque la discutida provisión “tipo Arizona” se mantiene, el Comité Judicial B aprobó algunas enmiendas que ayudaron a suavizar el  proyecto de ley HB786.

Los demócratas lograron aclarar una de las excepciones de dicha provisión que indica que las fuerzas policiales no deben revisar el estatus migratorio basado en la “consideración del perfil racial, color o país de origen” y además agregaron que la revisión debe hacerse “después” de una parada de tráfico legal.

Esto quiere decir que el policía tendría que parar a la persona por otra violación antes de poder revisar su estatus migratorio, y no podrá hacerlo basado en el perfil racial.

Además, los demócratas lograron excluir el asalto simple, la alteración del orden público, beber en la vía pública, el hurto menor, emitir cheques sin fondos y la posesión de marihuana entre los delitos que en la propuesta original descalificaban a los inmigrantes no autorizados para obtener los permisos de manejo restringidos en el estado.

Otro cambio indica que las personas indocumentadas que sean arrestadas sólo tendrán que pagar el costo de su encarcelamiento -tal como lo manda una de las provisiones del proyecto- si es que son halladas culpables y reciben una condena.

Otro cambio importante se hizo en la Sección VII al excluir los pasaportes extranjeros de la lista de documentos prohibidos como formas de identificación válidas en el estado.

También se incorporó otra enmieda en la Sección VI respecto a la admisibilidad del récord de estatus migratorio como prueba en las cortes del estado, estableciendo que ello requiere la certificación de una agencia federal y que la persona sea notificada al menos 15 días antes y pueda presentar una objeción.

Otra enmienda, presentada la semana anterior por el republicano Paul Stam, limitó la restricción que priva de la liberación bajo fianza de los indocumentados, al indicar que no se aplicará a las violaciones menores de tráfico ni a la mera posesión de drogas.

La misma enmienda excluye del decomiso y venta de sus vehículos a los conductores que entreguen al juez prueba de responsabilidad financiera (seguro) y su licencia de conducir o permiso restringido de manejo. Además declara inocentes a los dueños de los vehículos que no supieran que el conductor acusado estuviera cometiendo una violación.