Raleigh.- Estados Unidos cambió radicalmente a partir del 11 de septiembre del 2001, cuando  2,973 personas murieron luego que 19 terroristas árabes secuestraran cuatro aviones de pasajeros para estrellarlos contra objetivos en Washington y Nueva York.

La estela de miedo y desconfianza que dejaron los atentados provocó en todo el país un endurecimiento de las políticas de seguridad que al cabo de diez años se han traducido en el recorte paulatino de los derechos y libertades, particularmente de los inmigrantes, opinaron activistas y líderes de Carolina del Norte entrevistados por Qué Pasa.  

“Tristemente, después del 9/11, los inmigrantes han tenido que sufrir más que nadie”, dijo Tony Asión, ex director de la organización El Pueblo Inc. entre 2004 y 2011. “Los políticos tenían que echarle la culpa a alguien (por los atentados) y lo más fácil fue culpar a los inmigrantes, porque la mayoría de ellos no votan”.

Asión hizo así referencia a las políticas adoptadas en Carolina del Norte tras el 9/11, que han conducido a la deportación masiva de inmigrantes indocumentados .

Todo comenzó en 2006, cuando se cambió el reglamento de las licencias de conducir, para impedir que extranjeros sin seguro social o visa vigente pudieran obtener dicho documento de identificación.

“Para mi una de las grandes pérdidas que sufrimos en el estado fue que dejáramos de ver las licencias de conducir como un instrumento para la salud y la seguridad pública de  todos”, dijo Nolo Martínez, quien hasta 2004 fue asesor de asuntos latinos de la gobernación. “Ahora estamos más inseguros y le quitamos más fondos a la economía del estado porque la comunidad (inmigrante) generaba un gran ingreso”.

También en el 2006 empezó a operar en el estado el el controvertido programa 287(g), que permite a policías y alguaciles locales actuar como agentes de inmigración para identificar y deportar extranjeros, el cual hoy funciona en siete jurisdicciones entre ellas Mecklenburg y Wake.

Y en 2008 inició el programa Comunidades Seguras, que permite deportar a extranjeros indocumentados al comparar las huellas de los detenidos con la base de datos de la Policía de Inmigración (ICE),  un sistema que hoy funciona en todas las cárceles del estado. 

“No creo que esto haya sido positivo, el país no es más seguro por las deportaciones. Hay indocumentados que son criminales, por supuesto, pero eso no quiere decir que la mayoría lo sea”, dijo Asión al comentar la masiva deportación de indocumentados, la mayoría de ellos por faltas de tráfico, como han denunciado organizaciones como la Escuela de Leyes de la Universidad de Carolina del Norte y la Asociación de Libertades Civiles (ACLU).

“Las vidas de los inmigrantes y refugiados en Carolina del Norte se modificaron drásticamente por ese día (9/11) y las respuestas federales, estatales y locales. Hemos visto incidentes de perfiles raciales y religiosos que crean temor en las comunidades del estado”, dijo en Dani Martínez-Moore, activista del Centro de Justicia (NCJC).

“Programas para la identificación y deportación como 287g y Comunidades Seguras tipifican las prioridades de ‘La Migra‘ y las policías en lugar de programas que podrían ser más efectivos”.

“Todo esto es resultado del 11 de septiembre”, opinó Gail Phares, directora regional de la organización Witness for Peace.”Se empezó a ver todo el mundo como si fuera un terrorista y fue peor para los inmigrantes, lo cual es una pena porque este siempre ha sido un país de inmigrantes”.