Washington, 27 abr (EFE).- En sus primeros cien días en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido que hacer frente a una crisis por la llegada creciente de inmigrantes y un aumento de la violencia con armas de fuego, que están empañando su gestión.
Su éxito en el manejo de la pandemia y la aprobación de un paquete de estímulo económico se han visto oscurecidos por una tragedia humanitaria en la frontera con México ante el incremento del número de indocumentados que han llegado en los últimos meses: Solo en marzo fueron interceptadas 172.331 personas por las autoridades de EE.UU., de las que 18.890 eran menores de edad solos.
En paralelo, EE.UU. ha sido escenario de una serie de tiroteos que han vuelto a traer sobre la mesa el debate sobre el control a las armas de fuego.
En lo que llevamos de 2021, se han registrado 160 tiroteos masivos -aquellos en los que al menos cuatro personas mueren o resultan heridas por disparos de balas, exceptuando al autor del ataque-, según datos de Gun Violence Archive (GVA), un proyecto sin ánimo de lucro que sigue este tipo de violencia en el país norteamericano.
En este tiempo, las armas de fuego han dejado en el país más de 13.600 fallecidos en sucesos que incluyen tiroteos, suicidios y accidentes.
BUENAS INTENCIONES PERO POCA CLARIDAD
Respecto al ámbito migratorio, Óscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Americas, explicó a Efe que el Ejecutivo de Biden es un Gobierno con «buenas intenciones, pero todavía sin claridad sobre cómo dar pasos concretos que se traduzcan en un trato justo y hospitalario de todas las personas migrantes».
En su opinión, la perspectiva de una crisis en la frontera ha inyectado temor en la Administración estadounidense, que se ha visto paralizada a la hora de abordar este tema con una nueva visión.
«Muchas promesas y pocos resultados», resumió Chacón.
Biden arrancó su gestión cumpliendo su promesa de enviar al Congreso un proyecto de ley para ofrecer un camino a la ciudadanía a unos 11 millones de indocumentados, además de aprobar medidas para proteger a los «soñadores» y frenar la construcción del muro fronterizo.
También desmontó algunas de las políticas más controvertidas de su predecesor, Donald Trump, (2017-2021) como los «Protocolos de Protección a Migrantes», que obligaban a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resolvían sus casos en EE.UU.; o el llamado «veto musulmán», que prohibía la entrada de nacionales de once países.
Pese a haber prometido un trato más humanitario a los inmigrantes, Biden ha mantenido el polémico «Título 42», heredado de Trump y que da vía libre a las expulsiones expeditas de los indocumentados que crucen la frontera, con el pretexto de la pandemia.
VIOLENCIA ARMADA, UNA VERGÜENZA INTERNACIONAL
Mientras se gestaba esta crisis fronteriza, los tiroteos se han multiplicado en EE.UU., hasta el punto de que Biden ha calificado el problema como una «vergüenza a nivel internacional».
«La epidemia de violencia de armas en EE.UU. tiene mucho que ver con la facilidad con la que se puede obtener un arma o hasta ensamblar un arma en casa», indicó a Efe Janice Iwama, profesora asistente de la American University.
Uno de los ataques recientes más sonados ha sido el del pasado 17 de marzo en Atlanta (Georgia, EE.UU), donde un hombre mató a ocho personas, entre ellas seis mujeres de origen asiático, en tres salones de masajes.
Cinco días después, otro varón abatió a diez personas en un supermercado de Boulder (Colorado): Su familia aseguró que sufría problemas mentales y, aun así, pudo comprar un fusil de asalto poco antes del suceso.
Tener armas es algo que está tan arraigado en la sociedad estadounidense que incluso la Segunda Enmienda de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a poseerlas.
Una encuesta de 2017 del Pew Research Center mostraba que tres de cada diez adultos estadounidenses -un 30 %- poseía un arma; que un 48% había crecido en un hogar donde había armamento; y un 72 % admitió haber disparado en algún momento de su vida.
Actualmente es prácticamente imposible que las medidas legislativas para un mayor control de las armas de fuego salgan adelante en el Senado, donde los demócratas -el partido de Biden- tienen una mayoría tan estrecha que necesitarían convencer a al menos diez republicanos para aprobarlas.
Así que para afrontar este problema Biden se ha limitado a anunciar parches, como su orden al Departamento de Justicia para que trabaje en una norma que ayude a frenar la proliferación de las “pistolas fantasma” («ghost guns»), que pueden ensamblarse en casa y son difíciles de rastrear por no tener número de serie.
Y SIGUE LA VIOLENCIA POLICIAL CONTRA LAS MINORÍAS
No obstante, los esfuerzos para un mayor control de las armas de fuego han puesto en pie de guerra a la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), que pese a estar inmersa en un litigio con el estado de Nueva York tras declararse en bancarrota, va a gastarse dos millones de dólares para contrarrestar la agenda de Biden en esta materia.
Más allá de la violencia con armas de fuego y la inmigración, la brutalidad policial contra las minorías raciales sigue estando presente en la actualidad y en la agenda política en EE.UU., ya que las muertes no han parado, ni tampoco las protestas.
Mientras el país seguía el juicio contra Derek Chauvin, el exagente que asfixió con su rodilla al afroamericano George Floyd en mayo pasado, otro joven negro, Daunte Wright, de 20 años, murió el pasado 11 de abril en un control de tráfico de un disparo de una policía. Y este es solo un caso más de muchos.
Finalmente Chauvin ha sido declarado culpable por un jurado y ahora espera una sentencia, algo que Biden ha admitido que es «demasiado poco frecuente» en el país.
De ahí que el mandatario haya vuelto a urgir al Congreso a que apruebe un proyecto de ley que prohíba que los policías empleen tácticas como las que causaron la muerte de Floyd y se faciliten las demandas contra los uniformados.
Laura Barros