Washington, 8 abr (EFE).- El Gobierno argentino y 18 grupos de la sociedad civil se enfrentaron hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los decretos proclamados en diciembre por el Ejecutivo de Mauricio Macri con los que se modifica la polémica ley de medios del kirchnerismo.

“El Gobierno ha decretado la ley de la selva en la que los grandes jugadores se quedan con todo y dejan a la sociedad civil sin nada”, denunció en nombre de las organizaciones el influyente periodista Horacio Verbitsky ante la CIDH, con sede en Washington y órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los peticionarios argumentaron que los decretos proclamados el pasado diciembre por Macri favorecen la concentración de medios, benefician al Ejecutivo y a las grandes empresas y coartan a grupos de la sociedad civil, como universidades, pueblos indígenas, medios comunitarios y asociaciones sin ánimo de lucro.

“Se ha suprimido la voz, el voto y la participación de la sociedad civil”, consideró Verbitsky al referirse a los cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009 por la expresidenta Cristina Fernández y que fijaba límites sobre las licencias de retransmisión a medios privados.

Sin embargo, en nombre del Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, defendió los decretos de Macri porque cierran la “etapa de discrecionalidad” de Fernández, que tuvo enfrentamientos por esta ley con el grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático de Argentina.

“Durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la política en medios audiovisuales y de prensa estuvo dirigida a imponer la hegemonía del Gobierno sobre la pluralidad de voces del proceso democrático”, afirmó Avruj, representante estatal argentino de mayor rango en la audiencia.

Por decreto, Macri intervino en diciembre de 2015 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic), dos entes creados por las leyes kirchneristas para regular medios y telecomunicaciones.

En esa intervención, Macri apartó al entonces titular de la Afsca, Martín Sabbatella, a quien el Ejecutivo acusa de haber usado la ley “para atacar a ciertos medios y beneficiar a otros”.

En reemplazo de la Afsca y la Aftic, el Gobierno argentino creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que asumió las competencias de los otros dos organismos.

La Cámara de Diputados de Argentina avaló este miércoles los decretos de Macri y también respaldó el plazo de un año para que una comisión -cuya creación fue decretada en diciembre- elabore un proyecto de ley de reforma para actualizar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y unificarla contra legislación.

Por ello el Gobierno cuenta con un año en el que espera recibir los aportes de la CIDH y, además, escuchar durante la fase de consulta los aportes de las organizaciones peticionarias, según dijo Eduardo Bertoni, antiguo relator especial para la libertad de expresión de la CIDH que compareció como experto para apoyar al Estado.

El presidente del Enacom, Miguel De Godoy, también se comprometió a potenciar un diálogo del Ejecutivo con las organizaciones peticionarias.

Ante la diferencia de perspectivas, los comisionados de la CIDH destacaron la importancia del derecho a la libertad de expresión e instaron a las partes a dialogar.

“Entendemos que hay diferencias, pero eso es la democracia”, señaló James Cavallaro, elegido esta semana presidente de la CIDH hasta marzo de 2017.

Esta audiencia de la CIDH ha despertado gran expectación en Argentina y ha sido retransmitida en directo en cooperativas, universidades centros comunitarios y sedes de sindicatos, según aseguraron los peticionarios.