La Paz, 23 feb (EFE).- El Gobierno boliviano manifestó este jueves que "no habrá impunidad" y que no habrá una ley de amnistía para los "presos políticos" por la crisis política y social de 2019 ante el ultimátum de los cívicos de la región de Santa Cruz, la mayor del país, de activar un trámite para revocar el mandato del presidente Luis Arce.
"Quiero manifestar de manera clara y firme que no habrá ninguna amnistía, no habrá impunidad que es lo que se busca en el fondo con estas acciones, con estos discursos", señaló la ministra de la Presidencia, María Nela Prada en una conferencia en la Casa Grande del Pueblo, del Gobierno boliviano.
Recalcó que en Bolivia "no hay presos políticos" y que el pueblo conoce "quiénes son los verdugos de nuestra democracia" que piensan en sus propios intereses y que "tienen que responder a la Justicia".
Prada le pidió al presidente saliente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que "deje de utilizar este tipo de discursos políticos para camuflar sus intenciones golpistas" y que en el fondo busca la "desestabilización de la democracia".
"No acepta el voto popular, no acepta que tengamos un Gobierno constitucional del pueblo que trabaja por el pueblo y no por los intereses de unos cuantos y debe quedarle claro que hay un pueblo unido, organizado y movilizado que no va a permitir otro golpe", señaló la ministra.
Calvo expresó el miércoles que envió una carta dirigida al presidente Arce en la que le recordó que en los cabildos ciudadanos del mes pasado se pidió al Ejecutivo una amnistía "general e irrestricta" para los presos, perseguidos y procesados por los sucesos de 2019 y ante la falta de respuesta iniciarán el trámite en pos de revocar su mandato.
También dijo que el lunes el presidente electo de ese comité, Fernando Larach, viajará a La Paz para pedir al Tribunal Supremo Electoral los requisitos para iniciar el proceso revocatorio en contra de Arce, ya que este sábado finaliza el plazo de 30 días que los distintos cabildos le dieron al mandatario boliviano para decretar la amnistía.
Entre los "presos políticos" por la crisis de 2019 está la expresidenta interina Jeanine Áñez, encarcelada desde 2021 y sentenciada a 10 años de prisión por la forma en que se situó en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades.
También está encarcelado desde diciembre el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su supuesta responsabilidad en esa crisis que para el oficialismo fue un "golpe de Estado" contra Morales, mientras que la oposición sostiene que su renuncia fue consecuencia de las denuncias de fraude a su favor en los fallidos comicios de 2019.