Charlotte.- Un exempleado de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (UNCC), enfrenta cargos federales presuntamente por falsificar información de al menos 66 indocumentados para que estuvieran en la institución mediante visas de estudiantes.

El caso que involucra a Thomas C. Briggs fue interpuesto en la Fiscalía del Distrito Oeste de Carolina del Norte en Charlotte, el pasado jueves 14 de julio.

Briggs trabajó desde 1992 en la institución y se desempeñó como especialista de apoyo administrativo para alumnos de inglés en la Oficina de Programas Internacionales. Las autoridades presumen que el fraude se cometió entre enero de 2007 hasta junio de 2009, cuando fue despedido del plantel.

De acuerdo con documentos de la corte federal obtenidos por este semanario, el hombre, es acusado de ingresar información falsa en una base de datos federal y de ocultar, acoger y proteger a los extranjeros a fin de que figuraran como estudiantes internacionales.

En su posición, Briggs era un recurso de inmigración para los alumnos con visas de estudiante F-1, que incluía el trámite migratorio de las aplicaciones, hospedaje, y otros servicios para estos estudiantes en UNCC, señala el documento.

Los extranjeros que tienen visa de estudiante en este país, deben estar de tiempo completo en un colegio comunitario o universidad.

En este caso, el exfuncionario presuntamente se encargó de que los estudiantes en cuestión que no calificaban para las visas, figuraran con un estatus migratorio que no les correspondía.

El incidente ha ocasionado malestar entre líderes de la universidad, que en una comunicación a los medios locales indicaron “que están tomando las medidas necesarias para que una situación similar no se vuelva a repetir”.

“Se descubrieron irregularidades relativas a su trabajo. Contactamos a la Fiscalía Federal en ese momento, y se inició en coordinación con ellos una investigación interna que resultó en su destitución”, señalaron.

El diario local The Charlotte Observer indicó que Will Terpening, abogado de Briggs, aseguró que su cliente “actuó solo y motivado no por dinero o porque no estuviera de acuerdo con las leyes de inmigración, sino por su preocupación por el bienestar de cada estudiante”.

Briggs aún no se encuentra tras las rejas y no se le ha fijado una fecha de corte, pero en caso de ser encontrado culpable de los cargos podría enfrentar una pena de cinco años de prisión por cada uno de los cerca de 66 casos.

A su vez, las autoridades no han informado sobre las nacionalidades de los estudiantes, y si estos se encuentran aún matriculados.

Al respecto, Lía Bantavani portavoz de la Fiscalía, respondió a Qué Pasa-Mi Gente que esa no era información pública.

Por su parte, Buffie Stevens, una de las voceras de UNCC, al cierre de esta edición tampoco había respondido a los interrogantes.