Charlotte.- Tres familias latinas a cuyos hijos los habían obligado a firmar contratos antipandillas en el condado Gaston lograron que el distrito escolar eliminara ese tipo de documento, después de que interpusieron una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación federal (OCR).

“Esta es una demostración de que la gente puede hacer que se respeten sus derechos a través de vías legales”, dijo Raúl Pinto, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien llevó el caso junto con colegas del Centro de Justicia de Carolina del Norte (NCJC).

El Sistema Escolar del Condado Gaston (GCSS) llegó a un arreglo mediante el cual se comprometió, además de suprimir los contratos, mejorar la comunicación con los padres de familia hispanos y optimizar su programa de inglés como segunda lengua (ESL).

Igualmente, fueron borrados los récords que habían incluido a los jóvenes en la base de datos GangNet de Carolina del Norte, que sirve de referente para efectuar seguimiento a los integrantes de pandillas en el estado.

La hondureña Alexandra Ventura Suazo, madre de Henry y Brayan, que firmaron los contratos, fue la primera en denunciar el maltrato a sus hijos por parte de las escuelas del distrito escolar de Gaston en Bessemer City.

“Conocí al señor Byron Martínez, que trabajaba para una iglesia y el contactó los abogados”, dijo la madre.

Martínez, activista de origen nicaragüense, no solo habló con jurisconsultos, sino con medios de comunicación.

“Me comuniqué con el Gaston Gazette y con Qué Pasa-Mi Gente, afirmó Martínez, quien aseveró que tras la publicación del primer caso en español, se comunicaron las familias mexicanas Ávila y Calixto, que denunciaron problemas similares de forzamiento de firmar contratos antipandillas por parte de las escuelas secundaria e intermedia de Bessemer City.

Mario Ávila, denunció que sus hijos, Mario Jr. y Enrique, siendo menores de edad fueron obligados a firmar los contratos en ausencia de sus padres. Silvia Calixto, madre de Edgar Calixto, también protestó porque su hijo fuera calificado como pandillero.

El primer caso fue presentado el 2 de noviembre de 2011 y los otros dos fueron agregados a la queja a principios de 2012.

Para octubre de ese año el Sistema Escolar del Condado de Gaston (GCSS) ya se había comunicado con Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación (OCR) para comprometerse a resolver los problemas y someterse a un proceso de verificación.

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación investigó el caso bajo el Titulo IV de la Ley de Derechos Civiles y el Código de Regulaciones Federales (CFR) que prohíben la discriminación por raza, color y origen nacional a entidades que reciben fondos  federales de ese departamento.

Pese a que la aceptación de distrito escolar de mejorar su trato a los latinos y a quienes no hablan inglés representa un triunfo legal, Martínez considera la actitud de la entidad educativa con las familias como insuficiente.

“No han recibido ni siquiera una carta de disculpas por las acciones contra sus hijos”, dijo el activista.

“Lo que hicieron con mis hijos fue imperdonable. Les arruinaron la vida”, dijo Alexandra Ventura.

Entre 2008 y 2012, un total de 252 estudiantes firmaron contratos antipandillas en el Condado de Gaston.