Charlotte.- A Kathryn Coiner-Collier, coordinadora del Proyecto de Asistencia a los Inmigrantes de la organización Servicios Legales de Southern Piedmont (LSSP), le preocupa que los padres centroamericanos no estén aprovechando un programa que permite traer a sus hijos legalmente al país sin exponerlos a los peligros de la travesía por ríos y desiertos, a manos de coyotes.

“Le he preguntado a los padres que llegan a la corte que tienen TPS y no saben que tienen la opción de ingresarlos legítimamente”, dice la profesional.

Coiner-Collier permanece casi todos los días en el Tribunal de de Inmigración de Charlotte,  primordialmente ayudando a los progenitores y a los menores centroamericanos que carecen de representación legal.

El Programa de Refugiados y Permisos para Niños Menores Centroamericanos fue establecido por el gobierno del presidente Barack Obama a finales de 2014 para permitir que los padres salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que tienen estatus migratorio en Estados Unidos tuvieran vías legales para reunificarse con sus hijos radicados en sus países de origen.

Sin embargo, el Instituto de Política Migratoria (MPI) reveló en un reporte, que fechó como emitido en el mes de agostó, que nacionalmente  solo se presentaron 3,344 solicitudes para este beneficio, desde que el programa comenzó el 1 de diciembre de 2014.

El número de cupos para el proyecto fue fijado en 4 mil y podría alcanzar a 6 mil si se requiriera, pero únicamente hubo 2,859 aplicantes de El Salvador, 426 de Honduras  y 59 de Guatemala.

De acuerdo con el MPI esas cifras son mínimas si se tiene en cuenta que en el país hay 204 mil salvadoreños y 61 mil hondureños con Estatus de Protección Temporal o  TPS, que podrían pedir a sus familiares cercanos.

El MPI también registra  que en el país hay 330 mil salvadoreños y 190 mil guatemaltecos que son residentes permanentes.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) el proceso es  gratuito y en promedio dura  aproximadamente nueve meses.

Sin embargo, el trámite  requiere la realización de un examen de paternidad  para  probar el vínculo entre los progenitores y los menores.

El precio de la prueba de ADN, que cuesta entre 200 y 500 dólares, será reembolsado por el Departamento de Estado si la aplicación es aprobada.

 

ELIGIBILIDAD

Para los niños:

  • Ser hijo de un padre elegible  según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (hijo biológico, adoptivo o adoptado legalmente).
  • Ser soltero.
  • Ser menor de 21 años de edad.
  • Nacional de El Salvador, Guatemala u Honduras.
  • Residir en su país de nacionalidad.

Para los padres:

  • Estatus de Residente Permanente.
  • Estatus de Protección Temporal TPS.
  • Con Permiso de Permanencia Temporal.
  • Con Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
  • Acción Diferida (No DACA).
  • Salida Forzosa Diferida.  
  • Suspensión de Remoción

 

Kathryn Coiner-Collier en un viaje a Centroamérica.